El Gobierno pulveriza los ingresos de la clase trabajadora al congelar de hecho el salario mínimo en cuotas irrisorias, con una cifra que apenas cubre una fracción de la canasta básica y arrastra a miles de familias a la desesperación social.
La avanzada del gobierno de Javier Milei contra las condiciones de vida elementales sumó un nuevo y alarmante capítulo: tras dinamitar las negociaciones paritarias, la administración fijó de forma unilateral un salario mínimo que consolidará ingresos por debajo de la línea de indigencia. El plan oficial condena a la clase obrera a sobrevivir con migajas en un contexto de asfixia inflacionaria y desprotección estatal.
La trampa de los aumentos en cuotas
A través de la Resolución 4/2026 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo impuso una suba escalonada en ocho tramos de hambre, con un promedio de incremento mensual de apenas 7.500 pesos. Con este esquema regresivo, el monto actual de 376.600 pesos recién alcanzará unos magros 437.000 pesos en abril de 2027, profundizando el desplome del poder adquisitivo que, según informes de la UBA-CONICET, ya registra una caída real superior al 40% durante la actual gestión libertaria.
La brecha con la realidad cotidiana resulta demoledora y enciende todas las alarmas en el tejido social. Frente a una línea de indigencia situada en 708.016 pesos y una canasta básica total que trepa a 1.564.716 pesos para no caer en la pobreza, el piso decretado representa poco más de una cuarta parte de lo indispensable para subsistir, haciendo caso omiso al pedido de 993 mil pesos planteado por las centrales obreras y ubicándose incluso por debajo de la mezquina oferta de las patronales.
Cronograma de ajuste y congelamiento laboral
La disposición refrendada por las autoridades laborales detalla un sendero de haberes asfixiantes: en septiembre se ubicará en 383.800 pesos (1.919 la hora), subirá a 391.200 en octubre, 398.800 en noviembre y llegará a 406.400 pesos en diciembre. Para el arranque de 2027 la situación no mejora: se fijaron 414.200 pesos en enero, 422.000 en febrero, 429.600 en marzo, concluyendo en los 437.000 pesos mensuales (2.185 la hora) en abril, pulverizando cualquier intento de recomposición frente a las subas de tarifas y alimentos.
El daño colateral de este decreto se extiende como una onda expansiva que golpea de lleno en los sectores más vulnerables de la sociedad. Al atarse directamente a este indicador el cálculo del seguro por desempleo —cuyo piso queda reducido al 50% de esta cifra marginal—, las becas estudiantiles y las pautas salariales de trabajadores estatales, agrarios y dependencias municipales de todo el territorio, la medida consagra una precarización estructural que empuja a cientos de miles de trabajadores a la pobreza más extrema.
