El gobernador bonaerense criticó el rumbo económico nacional y presentó investigaciones contra las principales fintech por hostigamiento y sobreendeudamiento a usuarios.

El mandatario provincial lanzó duras críticas contra la gestión nacional al sostener que el plan económico actual se encuentra agotado. En declaraciones radiales, Axel Kicillof aseguró que los sectores de poder intentarán promover una alternativa política con un perfil más moderado pero con idénticas medidas de fondo, al tiempo que vinculó el deterioro de los ingresos con los abusos financieros que sufren las familias en la provincia de Buenos Aires.
Las críticas de Axel Kicillof al programa de ajuste nacional
El gobernador remarcó que la gestión central intenta mostrar estabilidad cuando en realidad ejecuta un programa clásico de desindustrialización y pérdida de soberanía en áreas estratégicas como el sector nuclear. Para Axel Kicillof, el plan oficial no representa una novedad ideológica sino un ajuste tradicional liderado por funcionarios de gestiones anteriores como Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, mientras el Estado nacional traslada sus responsabilidades hacia las administraciones provinciales.
En esa misma línea, el dirigente enfatizó que la caída de la actividad productiva y los salarios deprimidos son decisiones deliberadas del Ejecutivo central. Según Axel Kicillof, calificar la crisis como un desacuerdo entre privados es una postura cínica frente a una población que recurre al crédito informal para cubrir gastos corrientes ante la licuación de su poder adquisitivo.
Imputaciones y multas millonarias impulsadas por Axel Kicillof a las fintech
Frente a la vulnerabilidad económica de los usuarios, el Ministerio de Producción bonaerense inició expedientes sancionatorios contra plataformas como Mercado Pago, Ualá, Naranja Digital y Personal Pay tras recibir más de 2.200 reclamos. Axel Kicillof respaldó las actuaciones iniciadas por Defensa del Consumidor, que detectaron prácticas de acoso, falta de información sobre las tasas de interés y ausencia de botones de arrepentimiento visibles en los préstamos.
La provincia exigirá a las empresas involucradas un desglose detallado del costo financiero total que aplican en los créditos otorgados a las familias endeudadas. Las firmas deberán presentar sus descargos en los próximos días para evitar multas que alcanzan los 1.883 millones de pesos, además de la obligación legal de cesar de inmediato cualquier maniobra de hostigamiento y adecuarse a la normativa vigente de protección al consumidor.