A horas de la media sanción en el Senado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a explicar los principales ejes de la reforma laboral y defendió los cambios en indemnizaciones, convenios, cargas patronales y licencias por enfermedad. Con ejemplos concretos, buscó despejar críticas y apuntó contra lo que definió como la “industria del juicio”.

En diálogo con Radio Mitre, el funcionario sostuvo que se trata de la primera reforma laboral aprobada desde el retorno de la democracia y la enmarcó en un escenario donde “la mitad de los trabajadores es informal” y hace una década no se generan empleos registrados de manera sostenida.

Uno de los puntos centrales es la modificación en la actualización de sentencias laborales. Según explicó, el problema no estaba en el esquema indemnizatorio —un mes por año trabajado— sino en la incertidumbre judicial. “Se reducen esos márgenes de sorpresa”, afirmó, en referencia a fallos que aplicaban criterios de actualización que multiplicaban significativamente los montos originales. La reforma fija parámetros explícitos para evitar, según su visión, “valorizaciones como si el dinero hubiera estado invertido a tasas muy altas”.

También se establece que los honorarios de los peritos no dependan del monto final del juicio, sino de su tarea profesional. “El trabajador no pierde su indemnización. Tenemos uno de los regímenes más favorables del mundo. El problema era la incertidumbre”, insistió.

Convenios, federalización y aportes

Otro cambio estructural es la llamada “federalización del trabajo”, que introduce el principio de prelación: los convenios de menor alcance —por ejemplo, de empresa— podrán prevalecer sobre los de nivel superior. Para el Gobierno, esto permitirá adaptar condiciones laborales a realidades productivas regionales diversas y evitar que acuerdos pensados para zonas más dinámicas terminen afectando el empleo en regiones menos competitivas.

En paralelo, el proyecto reduce cargas patronales y crea un esquema de “refund” para nuevas contrataciones, con el objetivo declarado de incentivar el empleo formal. Parte de esos recursos, explicó el ministro, se destinarán a un fondo que brinde mayor previsibilidad ante eventuales despidos.

La reforma también limita las contribuciones sindicales obligatorias, que en algunos casos llegaban hasta el 7% del salario, y fija un tope del 2%. Además, modifica la ultraactividad de los convenios, lo que implica que determinadas cláusulas deberán renegociarse y no se prorrogarán automáticamente.

Otro punto es la transparencia en el recibo de sueldo: se buscará que el trabajador visualice el costo total de su puesto, incluyendo aportes y contribuciones que hoy no siempre figuran de manera explícita.

Licencias por enfermedad y el ejemplo del fútbol

Uno de los aspectos más polémicos son los cambios en las licencias por enfermedad. Sturzenegger planteó que, cuando la afección no esté vinculada a una acción del trabajador, el empleador deberá pagar el 75% del salario durante el período correspondiente.

Pero si la lesión es consecuencia de una actividad voluntaria, el esquema cambia. “Si te lastimaste jugando al fútbol y quedaste incapacitado para trabajar, tu empresa no tiene nada que ver. En ese caso la cobertura es del 50%”, explicó. Según el ministro, la intención es desalentar abusos y evitar que determinadas licencias se prolonguen sin costo para quien las solicita.

Vacaciones y banco de horas

La norma también habilita el fraccionamiento de vacaciones —algo que, según el funcionario, ya ocurría en la práctica— y formaliza el banco de horas, un mecanismo que permite compensar jornadas.

El ejemplo que dio fue el de un trabajador que acuerda no trabajar los viernes y redistribuir esas horas durante el resto de la semana. En ese caso, no se considerarían horas extra, ya que funcionarían como compensación. Las horas que excedan ese esquema sí seguirán pagándose como adicionales.

Con estos cambios, el Gobierno sostiene que busca introducir mayor flexibilidad y previsibilidad en el mercado laboral. Para sus críticos, en cambio, la reforma implica un recorte de derechos y una transferencia de riesgos hacia los trabajadores. El debate recién comienza en Diputados y promete ser uno de los ejes políticos del año.