La discusión por la reforma laboral volvió a tomar temperatura, esta vez a partir de las declaraciones del abogado laboralista Julián De Diego, uno de los especialistas que tuvo acceso al borrador que el Gobierno prepara para modificar el andamiaje normativo del trabajo en Argentina.

Según adelantó, la iniciativa es amplia, ronda los 90 artículos y apunta a reordenar contratos, jornada, derecho de huelga y régimen indemnizatorio, con el argumento de adaptar la legislación a un escenario productivo marcado por la automatización y la competencia global.

El planteo del Gobierno, tal como lo expuso De Diego, es que la Ley de Contrato de Trabajo, eje del sistema vigente, arrastra medio siglo de antigüedad y requiere una actualización estructural. La apuesta es introducir mecanismos como el banco de horas, flexibilizar la gestión de la jornada y establecer nuevas modalidades de contratación “sin trabas administrativas”, en línea —según dijo— con los marcos laborales de países desarrollados. La narrativa oficial es clara: modernización para atraer inversión y dotar de previsibilidad a las relaciones de trabajo.

La discusión se enmarca en un clima de alta fricción política y sindical. Ante las críticas que advierten una posible pérdida de derechos, el especialista fue enfático: “No se eliminan indemnizaciones ni se restringe la huelga”. Incluso afirmó que el proyecto incorporaría criterios como el del fallo Vizzotti, que limita la reducción de indemnizaciones por tope legal y garantiza que, en caso de despido sin causa, el trabajador reciba al menos el 67% del salario real base. De Diego se detuvo especialmente en este punto, consciente de que el régimen indemnizatorio es el núcleo sensible de la disputa entre gobierno, sindicatos y cámaras empresarias.

En materia horaria, la reforma no alteraría el límite de 48 horas semanales, pero sí habilitaría una organización más elástica: jornadas de hasta 12 horas en picos de actividad, compensadas luego con días completos de descanso. Se trata de un esquema que, según los impulsores, ya opera en sectores como la minería o el comercio, pero que requeriría acuerdo con los sindicatos para su aplicación regular. El concepto de banco de horas —hoy vigente en forma fragmentaria— pasaría así a ser una herramienta reconocida de manera explícita.

El otro eje de debate es el Fondo de Cese Laboral, un sistema alternativo a la indemnización tradicional financiado con aportes mensuales empresarios. De Diego reconoció que el esquema está previsto en la Ley Bases y que el Gobierno está interesado en instrumentarlo, pero señaló que hasta ahora no prosperó por costos: implicaría un aporte de entre 2% y 10% de la masa salarial, según la actividad. Es, en términos prácticos, una reforma que requiere correlación política y acuerdo tripartito: Estado, sindicatos y empresas.

Por ahora, todo sigue bajo hermetismo administrativo: el Gobierno no difundirá el texto hasta después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores y se reacomode el equilibrio parlamentario. Ahí empieza la verdadera negociación. No será solo jurídica —será económica, territorial y sindical.

La reforma laboral, en definitiva, entra en escena como pieza estructural del proyecto económico: reducir costos, reordenar incentivos y reconfigurar las reglas del trabajo en un país donde la informalidad supera el 45% y la productividad salarial está estancada. La discusión, más temprano que tarde, se va a dar en el Congreso, en las fábricas y en la calle.