El Ejecutivo nacional dio de baja la protección cautelar que sostenía el cobro de las prestaciones por invalidez, otorgando plazos acotados para realizar trámites complejos en medio del rechazo generalizado de las organizaciones del sector.
La insensibilidad del esquema de recortes que promueve la administración de Javier Milei volvió a golpear de lleno a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Mediante una disposición de la Secretaría Nacional de Discapacidad encabeza por Diego Pablo Masaragian, el Gobierno dejó sin efecto el restablecimiento de miles de pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido restituidas por la vía judicial. La medida desampara a beneficiarios que sufrieron suspensiones durante los procesos de revisión estatal, acelerando un desmonte progresivo de la cobertura social en nombre de la consolidación fiscal.
La anulación de la norma administrativa que garantizaba la continuidad del haber amparándose en una cautelar previa se concretó tras un revés judicial en segunda instancia que dejó vía libre al Poder Ejecutivo para ejecutar las quitas. Para evitar la pérdida definitiva del beneficio, las personas afectadas deberán atravesar una carrera burocrática y acreditar su situación de vulnerabilidad en un plazo perentorio de 60 días desde su notificación. Este requerimiento exige la presentación de documentación médica actualizada y pruebas socioeconómicas ante dependencias oficiales, plataformas digitales o correo electrónico, exponiendo a miles de familias con escasos recursos a barreras administrativas casi insalvables.
La decisión oficial se inscribe en un discurso público que busca estigmatizar el derecho a la asistencia social. Desde la vocería presidencial se intentó justificar la poda del padrón comparando el crecimiento de los titulares en las últimas décadas con las cifras de países afectados por guerras. Esta narrativa fue repudiada de forma categórica por el Foro Permanente de Discapacidad, desde donde recordaron que la ampliación del sistema respondió a la eliminación de topes arbitrarios que congelaban las altas y a una política orientada a garantizar ingresos y tratamientos de salud a personas en situación de pobreza.
La ofensiva contra las pensiones por invalidez grafica las prioridades de un modelo que elige ajustar sobre la población con menores herramientas de defensa. En un contexto donde más de un millón y medio de personas con discapacidad enfrentan condiciones materiales precarias y severas dificultades para insertarse en el mercado laboral, la quita de prestaciones y la imposición de exigencias burocráticas no hacen más que profundizar la exclusión. La estrategia gubernamental confirma una vez más que la variable de ajuste de la gestión libertaria vuelve a recaer sobre los derechos humanos fundamentales de los sectores más vulnerables.
