El Gobierno volvió a pisar el freno a la nueva medición de inflación del INDEC, y aunque el discurso oficial habla de prudencia técnica, los números cuentan otra historia. Según admiten fuentes oficiales, el IPC de enero con la metodología actualizada habría superado el 3%, mientras que con el esquema vigente se ubicaría en torno al 2,5%, cifra que el propio Luis Caputo salió a anticipar públicamente.
La explicación formal del Ministerio de Economía es que no quieren dar lugar a sospechas de manipulación del índice, especialmente desde la oposición kirchnerista, justo cuando el proceso de desinflación empieza a mostrar resultados. Sin embargo, el razonamiento se desarma al revisar el impacto concreto del cambio: el nuevo IPC no baja la inflación, la sube. Y ese parece haber sido el verdadero problema.
El dato clave está en la ponderación de los servicios, que en la nueva metodología ganan 12 puntos porcentuales en detrimento de los bienes. En enero, justamente, los servicios aumentaron por encima del promedio, empujados por tarifas y regulados. Con ese esquema, la inflación no solo no perforaba el 3%, sino que quedaba por encima del 2,8% de diciembre, arruinando el relato de continuidad descendente.
Esta tensión técnica fue también el trasfondo de la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC. Durante años, el ex titular del organismo sostuvo que el nuevo índice no se aplicaba por “razones institucionales”, una fórmula elegante para decir que Economía no daba el visto bueno. El cambio estaba listo, pero siempre resultó políticamente inconveniente.
Los antecedentes refuerzan la decisión. En 2024, los bienes subieron 96,3% y los servicios 189%; en 2025, los bienes aumentaron 26,5% y los servicios 43,1%. Con ponderadores actualizados, la inflación de esos años habría sido sensiblemente mayor. No es casual que el lanzamiento del nuevo IPC se haya ido postergando sistemáticamente, incluso cuando la brecha entre ambas mediciones ya se había reducido a menos de dos puntos.
Caputo fue claro —aunque impreciso— al señalar que el nuevo método se aplicará “cuando la desinflación esté consolidada”, sin fechas ni compromisos. En los hechos, todo indica que el nuevo IPC no verá la luz antes de 2027, pese a que el propio INDEC lo tenía previsto para 2026. La pregunta, inevitable, es si se trata de una cautela técnica razonable o de una decisión política para que los números no contradigan el relato. En economía, como en estadística, el método importa, pero el timing también.
