La Legislatura mendocina aprobó media sanción al paquete minero que habilita proyectos metalíferos en Uspallata y Malargüe, en un contexto marcado por la eliminación de un informe crítico del Conicet y crecientes denuncias de presión política. Ambientalistas sostienen que el avance vulnera el espíritu de la Ley 7722 y profundiza la pérdida de soberanía sobre el agua y los recursos estratégicos.

Un paquete minero que reconfigura el tablero provincial

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó la media sanción del llamado “paquete minero”, un conjunto de proyectos que reactiva la actividad metalífera en zonas sensibles de la provincia. Entre los puntos centrales se destacan las Declaraciones de Impacto Ambiental para el proyecto San Jorge —rebautizado “PSJ Cobre Mendocino”— en Uspallata, y la expansión del distrito minero en Malargüe. A esto se suman modificaciones en regalías y la creación de un fondo específico para obras y compensaciones.

El oficialismo presentó el paquete como una “modernización productiva”, un intento de diversificar la economía y atraer inversiones. Sin embargo, el volumen de críticas sociales, científicas y ambientales expone otra lectura: la de una provincia que vuelve a tensar su histórico vínculo entre minería, agua y soberanía territorial.

La postal que se repite: comunidades afuera, negocios adentro

Mientras se discutía el proyecto, organizaciones socioambientales, comunidades originarias y asambleas por el agua volvieron a manifestarse. El reclamo fue claro: la megaminería sigue sin contar con licencia social, y el paquete aprobado profundiza la sensación de que las decisiones se toman a puertas cerradas, priorizando urgencias económicas por encima de la protección del ambiente.

Para los sectores críticos, el “desarrollo” ofrecido por la minería se sostiene sobre recursos no renovables, afecta cuencas estratégicas y compromete la disponibilidad futura de agua, un bien que Mendoza enfrenta con creciente escasez. La narrativa del progreso, advierten, omite los costos estructurales que quedan sobre las comunidades mientras las ganancias se concentran.

Un informe del Conicet desaparecido en el momento más incómodo

Uno de los episodios más graves —y que encendió alarmas en todo el arco científico— fue la eliminación del informe crítico elaborado por especialistas del Conicet sobre el proyecto San Jorge. Ese documento señalaba fallas metodológicas en los estudios ambientales, inconsistencias en los análisis hídricos, insuficiencias en la información sobre biodiversidad y un abordaje deficiente del patrimonio arqueológico y cultural del área.

La desaparición del informe, justo cuando la Legislatura avanzaba con la votación, derivó en denuncias por presiones políticas. Investigadores y referentes académicos expresaron preocupación por la integridad del proceso científico y por la evidente maniobra de invisibilizar evaluaciones que ponían en duda la viabilidad del proyecto.

Silenciar a organismos que cumplen un rol técnico y público no solo daña la calidad democrática; también es un síntoma de un modelo extractivista que no admite objeciones.

La Ley 7722, otra pieza desplazada en el ajedrez minero

La Ley 7722, símbolo de las luchas por el agua desde 2007, estableció límites claros para la minería metalífera: prohibición de sustancias tóxicas y aprobación legislativa de los impactos ambientales. Aunque formalmente sigue vigente, el paquete minero avanza en sentidos que desdibujan su espíritu protector.

La aprobación de proyectos metalíferos en zonas históricamente defendidas por la ciudadanía refleja un cambio de paradigma: del resguardo ambiental a un modelo más permisivo, alineado con intereses corporativos y con la voluntad estatal de acelerar inversiones.
No es una derogación explícita, pero sí un vaciamiento progresivo de su función como barrera de soberanía hídrica.

Un modelo que transforma la soberanía en mercancía

Más allá de los discursos oficiales, lo que está en juego es la redistribución del poder sobre recursos estratégicos. El agua, la cordillera y los minerales dejan de ser bienes colectivos para volverse activos negociables en función de una política económica que privilegia la extracción intensiva.

El fondo ambiental incluido en el paquete intenta presentar una imagen de “compensación” futura, pero especialistas advierten que los daños hidrogeológicos, la pérdida de biodiversidad y la alteración de paisajes culturales no pueden repararse con partidas presupuestarias. El verdadero costo permanece oculto: la Provincia cede control sobre su subsuelo y asume riesgos largoplacistas mientras las empresas garantizan rentabilidad inmediata.

La eliminación del informe del Conicet funciona como símbolo y advertencia: cuando la ciencia estorba, se la borra. Cuando la comunidad protesta, se la margina. Y cuando los territorios se convierten en zonas de sacrificio, la soberanía se diluye en nombre del mercado.

El paquete minero marca un antes y un después en la política provincial. No es solo una decisión económica: es un giro estructural que prioriza la explotación metalífera sobre la protección del agua, la transparencia científica y el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios.
Si el Senado lo convierte en ley, Mendoza ingresará a una etapa en la que los recursos estratégicos vuelven a quedar en manos de intereses que no siempre coinciden con los de la ciudadanía.