La Justicia procesó con prisión en expectativa al ex socio político del Presidente, le trabó un embargo millonario y le prohibió salir del país por sus vínculos con un financista condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
El discurso de la transparencia y la lucha contra la casta sufrió un colapso definitivo en los tribunales federales, dejando al descubierto los oscuros cimientos sobre los que se construyó el proyecto político de Javier Milei. La decisión del juez federal Lino Mirabelli de procesar a José Luis Espert por lavado de activos, trabarle un embargo de mil millones de pesos y prohibirle la salida del territorio nacional no solo acorrala a una de las espadas legislativas más encendidas del oficialismo, sino que salpica de lleno al propio Poder Ejecutivo. La causa, que investiga el cobro de 200.000 dólares provenientes de una estructura criminal ligada a Federico “Fred” Machado —condenado en Estados Unidos por fraude y blanqueo de fondos provenientes del narcotráfico—, confirma las peores sospechas sobre la penetración de dineros espurios en el financiamiento de la ultraderecha argentina.
La resolución judicial desarticuló las maniobras de defensa del exdiputado y colocó en la mira a su círculo más íntimo, alcanzando también con fuertes embargos a su contador y a la sociedad familiar Varianza SA. A pesar de los desesperados intentos de Espert por justificar la transferencia como un simple contrato de consultoría y tildar la investigación como un complot mediático, las pruebas acopiadas en el expediente revelan una mecánica de ocultamiento que resulta indefendible para la opinión pública. La incapacidad de la gestión oficial para tomar distancia de semejante escándalo evidencia la vulnerabilidad de un Gobierno que prefirió dinamitar los controles antilavado y naturalizar la opacidad económica en lugar de someterse al imperio de la ley.
Lo que torna el escenario aún más alarmante en términos de gobernabilidad es la reacción ciega y corporativa del propio Presidente de la Nación. Lejos de exigir explicaciones a quien fuera su primer candidato a diputado y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Milei optó por salir en su defensa irrestricta, calificándolo como un “soldado de hierro” y utilizando la causa para renovar sus violentos ataques contra la prensa independiente y el Poder Judicial. Al tildar el accionar de la Justicia como una operación política y declarar que “no se odia lo suficiente a los periodistas”, el jefe de Estado no solo degrada la investidura presidencial, sino que asume de forma directa el costo político y la responsabilidad moral de encubrir a un dirigente salpicado por el crimen organizado internacional.
Este grave episodio institucional pone en jaque la credibilidad internacional de la Argentina y deja al desnudo la doble vara de una administración que predica la austeridad mientras sus referentes más cercanos quedan implicados en tramas de corrupción a gran escala. La defensa fanática que el Poder Ejecutivo hace de una figura acorralada por el blanqueo de capitales erosiona las bases del Estado de derecho y confirma que la impunidad parece ser el verdadero programa de gobierno. Mientras la sociedad padece las consecuencias de un ajuste feroz, la cúpula libertaria queda expuesta ante los tribunales, atrapada entre sus vínculos con el dinero sucio y la absoluta incapacidad de ofrecer una gestión transparente al país.
