En medio de un clima político fragmentado y con urgencias económicas crecientes, el Gobierno envió el proyecto de reforma laboral al Senado.

Milei está decidido a forzar un trámite exprés que permita obtener la media sanción antes de fin de año.

El objetivo final es claro: en un eventual segundo tramo de sesiones extraordinarias, durante enero, avanzar en Diputados y dejar aprobada una de las piezas centrales del paquete de reformas del Consejo de Mayo.

El envío del proyecto sufrió demoras por un motivo político antes que técnico: la Casa Rosada aguardó el regreso de Javier Milei, quien vuelve este jueves por la mañana tras su viaje a Noruega para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado. El Presidente quiere estampar personalmente su firma en la iniciativa, una señal de control político y alineamiento interno en días de tensiones entre ministerios, aliados y bloques legislativos.

Mientras tanto, el Senado ya comenzó a mover las piezas. Victoria Villarruel firmó la convocatoria para conformar las comisiones de Presupuesto, Trabajo y Previsión, Minería, Energía y Combustibles, y Justicia y Asuntos Penales. El Gobierno pretende que estas comisiones —llaves del debate legislativo— queden bajo dominio libertario o de sus aliados estructurales. No solo por la reforma laboral: en la misma tanda buscan avanzar con dos iniciativas altamente sensibles: la reforma de la Ley de Glaciares, reclamada por gobernadores, y el nuevo Código Penal que impulsa Patricia Bullrich.

El oficialismo tiene un plan: quedarse con la mayoría en todas las comisiones para blindar dictámenes y evitar bloqueos opositores. Con el salto de 6 a 20 senadores, La Libertad Avanza reclama 5 de los 17 lugares en cada comisión, un número suficiente para garantizar la mayoría con apenas 4 aliados. Bullrich presidirá la comisión de Trabajo y Ezequiel Atauche continuará en Presupuesto, aunque aún restan definirse otros nombres clave. El mensaje es nítido: controlar las comisiones es controlar el ritmo, los dictámenes y, en última instancia, el resultado político.

En paralelo, la Cámara de Diputados avanza contra reloj. Martín Menem busca aprobar el Presupuesto 2026 antes de fin de año, sumando además la Ley de Inocencia Fiscal —para atraer dólares no declarados— y el Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, un esquema que penaliza el déficit y obliga a ajustes automáticos. Si Diputados logra aprobar estos expedientes el 17 y 18 de diciembre, el Senado quedaría habilitado para una gran sesión entre el 29 y 30, donde se mezclarán la reforma laboral y el Presupuesto en un combo legislativo de alto riesgo político.

Esa sesión, aseguran en el oficialismo, contará con la bancada libertaria completa, ya que jurará Enzo Fullone, quien reemplazará a Lorena Villaverde, la senadora que renunció tras el escándalo por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. El oficialismo necesita cada voto.

Pero incluso con los números ajustados y las comisiones bajo control, en el propio oficialismo advierten un punto decisivo: nada será posible sin acuerdos con los gobernadores. Por eso, todas las miradas apuntan al rol del ministro del Interior, Diego Santilli, quien negocia contrarreloj para garantizar los votos necesarios y evitar que la oposición —dividida pero estratégica— logre bloquear alguna de las reformas más ambiciosas del Gobierno.