La cartera de Seguridad creó una nómina de captura mientras la Dirección Nacional de Migraciones garantizaba vía libre y escolta para el escape del senador brasileño hacia Estados Unidos.
El nivel de opacidad e inconsistencia en la política de fronteras de la gestión de Javier Milei ha alcanzado una cota de escándalo internacional sin precedentes. Apenas unas horas después de haber prestado la logística estatal necesaria para facilitar la huida del excandidato e investigado por lavado de activos, Flávio Bolsonaro, el Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó la creación de un nuevo programa denominado “Los más buscados”. La medida, publicada intempestivamente en el Boletín Oficial, intenta erigir una pantalla de humo sobre el rol del Poder Ejecutivo argentino en el amparo de dirigentes de extrema derecha prófugos de la justicia regional, dejando al descubierto una gestión que utiliza los recursos de seguridad de forma discrecional e ideologizada.
La secuencia de hechos ocurridos en la frontera de Misiones expone la falsedad de los discursos oficiales. Durante toda la jornada previa, los voceros de la Casa Rosada desmintieron categóricamente cualquier involucramiento argentino en la evasión del senador. Sin embargo, pasada la medianoche, la propia Dirección Nacional de Migraciones —organismo conducido por Alejandra Monteoliva en la órbita de Seguridad— emitió un reporte que confirmó el ingreso del dirigente y su núcleo familiar a las 22.50 por el Puente Internacional Tancredo Neves a bordo de una camioneta custodiada por efectivos policiales. El organismo justificó la entrada argumentando la ausencia de “impedimentos legales”, a pesar de ser de público conocimiento que la policía de Brasil buscaba retener los pasaportes del legislador tras su derrota en el balotaje ante Luiz Inácio Lula da Silva. Solo cuarenta minutos después, a las 23.30, la comitiva abordó un vuelo privado de la firma Baires Fly S.A. en Puerto Iguazú con rumbo a Guayaquil como escala previa hacia territorio norteamericano.
Una resolución express para enmascarar el escándalo fronterizo
Tras consumarse el despegue de la aeronave, el Gobierno publicó la Resolución 1089/2026 para poner en funcionamiento el programa “Los más buscados” bajo la órbita del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE). El texto normativo justifica la iniciativa apelando a la creciente sofisticación del crimen organizado y a la necesidad de estructurar un sistema analítico de peligrosidad, junto con una base de datos unificada que imita la estética del Buró Federal de Investigaciones (FBI). La paradoja resulta abrumadora: el mismo Estado que argumenta reforzar la inteligencia contra evadidos abrió sus pasos internacionales para garantizar la impunidad de un aliado político acorralado por la justicia de la potencia vecina.
La reaparición del CUFRE en el centro de la escena rescata los antecedentes más polémicos de la gestión de la cartera de Seguridad desde su creación en diciembre de 2015. Cabe recordar que integrantes de la estructura de espionaje conocida como “Súper Mario Bros” —investigados por seguimiento ilegal a dirigentes políticos como el actual jefe de Gabinete, Diego Santilli— admitieron en sede judicial haber articulado tareas en conjunto con dicho comando. Asimismo, las referencias normativas citadas por el oficialismo remiten a la lista de recompensas de la etapa macrista, un mecanismo que fue desmantelado en marzo de 2024 cuando se dieron de baja las gratificaciones destinadas a capturar a prófugos por crímenes de lesa humanidad.
El fracaso de los planes de blindaje y el cinismo ante los organismos internacionales
La maniobra de escape deja completamente desarticulado el discurso de control territorial desplegado por el Gabinete libertario. En marzo de 2025, la conducción de Seguridad había anunciado con bombos y platillos el denominado “Plan Guaçurarí”, una iniciativa que prometía blindar la frontera de Misiones con la intervención de las fuerzas federales, la policía provincial, Aduana y Migraciones. La meta declarada de ese programa era profundizar la cooperación con las autoridades brasileñas para neutralizar a las redes criminales binacionales; sin embargo, en la primera prueba decisiva, el dispositivo estatal funcionó como un canal de salida privilegiado para eludir el accionar de los tribunales de Brasilia.
El cinismo de la política migratoria oficial quedó expuesto de forma simultánea en la arena diplomática. Horas antes de autorizar el libre tránsito de la familia Bolsonaro, los representantes del gobierno de Milei se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para rechazar las denuncias presentadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversas organizaciones civiles. Frente al organismo internacional, los emisarios del Poder Ejecutivo argumentaron la necesidad de endurecer la seguridad en los pasos fronterizos. La rápida secuencia de los hechos demostró que los controles severos se aplican de manera restrictiva sobre la ciudadanía común, mientras que las fronteras se vuelven permeables y complacientes cuando se trata de proteger a las figuras de la ultraderecha continental.
