El Gobierno eliminó el programa que financiaba obras en barrios populares y generaba miles de empleos en todo el país.
A través del Decreto 312/2025, Javier Milei oficializó la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). La decisión marca el cierre definitivo de una herramienta que había sido reconocida por organismos internacionales por su impacto social. La medida incluye también el cierre del Fondo Fiduciario para la Promoción Científica.
El decreto lleva las firmas del presidente, del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Entre los fundamentos, el texto cita un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). El mismo cuestiona demoras en obras, sobrecostos y falta de transparencia administrativa.
La SIGEN también denunció fallas en la rendición de cuentas del Fondo de Integración Socio Urbana. Apuntó a incumplimientos contractuales y falta de comunicación sobre los procesos de contratación. Estas observaciones fueron utilizadas como justificación técnica del cierre del programa.
Qué función cumplía el FISU
El Fondo de Integración Socio Urbana fue creado en 2019 con el objetivo de financiar obras en barrios populares. Estaba destinado a proyectos de urbanización registrados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares). Permitía dotar de agua, cloacas, electricidad y calles pavimentadas a zonas vulnerables.
El programa era gestionado por el Ministerio de Capital Humano y articulado con movimientos sociales. Entre sus beneficiarios estuvieron organizaciones nucleadas en la UTEP, como las que encabezan Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez. Solo en 2023, el fondo movilizó casi 6.000 millones de pesos.
La Ley 27.453 fue su marco legal. Su implementación fue considerada pionera en América Latina por instituciones como el BID. El Fondo de Integración Socio Urbana fue clave para avanzar en políticas públicas inclusivas en sectores históricamente relegados.
Recorte progresivo y golpe final
La eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana no fue repentina. En febrero, Milei ya había recortado los recursos que recibía el programa desde el impuesto PAIS. Del 9% original se pasó a solo un 0,3%. Meses después, el tributo fue eliminado.
En paralelo, desde el oficialismo se instalaron acusaciones de corrupción contra Grabois y otros dirigentes sociales. Aunque sin pruebas judiciales firmes, el discurso sirvió como plataforma para el cierre definitivo del FISU. Caputo había anticipado en televisión que el fondo sería eliminado.
Con el nuevo decreto, el Gobierno concreta esa promesa. También cae el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica, creado en 1996. Este fondo buscaba estimular la innovación tecnológica y apoyar proyectos de desarrollo estratégico para el país.
Consecuencias sociales y urbanas
El impacto de la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana ya genera preocupación. Según la fundación Techo, más de 1.000 obras quedaron paralizadas en todo el país. Esto afecta a cerca de 25.000 trabajadores y a miles de familias en situación de vulnerabilidad.
El informe alerta que sin el Fondo de Integración Socio Urbana, se abandonan políticas estructurales de integración. La falta de acceso a servicios básicos puede agravar la pobreza y la exclusión social. También podría aumentar la presencia del narcotráfico en barrios abandonados por el Estado.
Expertos advierten que revertir este retroceso será difícil. El Fondo de Integración Socio Urbana había logrado generar empleo local, mejorar infraestructuras y empoderar comunidades. Su desaparición representa una ruptura con una política pública inclusiva y con respaldo internacional.
La decisión de Javier Milei, en línea con su política de ajuste, deja a la deriva a millones de personas. Con el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana, el Gobierno redefine sus prioridades. Lo hace a costa de los sectores más necesitados del país.
