El Gobierno prepara un paquete de medidas que podría alterar de raíz las condiciones laborales, los derechos previsionales y el equilibrio de poder en el Congreso. La Casa Rosada negocia contrarreloj mientras crece la tensión política y sindical.

El presidente Javier Milei decidió avanzar a toda velocidad con un nuevo capítulo de su plan de reformas estructurales. Según confirmaron fuentes oficiales, convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para intentar aprobar las reformas laboral y tributaria, y dejar allanado el terreno para una profunda modificación del sistema previsional en los primeros meses del próximo año.

El período ordinario termina el 30 de noviembre, pero en la Casa Rosada ya se preparan para mantener la actividad legislativa abierta durante el verano. En el entorno presidencial aseguran que “no hay tiempo que perder”, y que Milei pretende aprovechar el impulso electoral y el nuevo equilibrio parlamentario que comenzará el 10 de diciembre, cuando La Libertad Avanza (LLA) asuma con una base mucho más sólida.

La estrategia se coordina dentro del Consejo de Mayo, un espacio donde confluyen diputados, senadores, gobernadores, empresarios y sindicalistas. Sin embargo, las tensiones crecen: los gremios advierten que la reforma laboral significará “la demolición del sistema de derechos laborales construido en 80 años”, mientras que sectores del peronismo anticipan una dura resistencia parlamentaria y en las calles.

El oficialismo contará con 110 diputados entre LLA y el PRO, y se transformará en la primera minoría. Con alianzas circunstanciales con bloques “dialoguistas”, el Gobierno busca alcanzar las 129 bancas necesarias para el quórum. La conducción de la Cámara de Diputados seguirá en manos de Martín Menem, firme ejecutor del plan de la Rosada.

En el temario también se incluirá el Presupuesto 2026, postergado por las elecciones, y podría reabrirse el debate sobre la Corte Suprema, con Milei decidido a insistir en sus cuestionados pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Pero el punto más conflictivo será la reforma laboral. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, diseña un esquema que propone paritarias por mérito, jornadas de hasta 13 horas, vacaciones fraccionadas, despidos más baratos y el fin de la ultraactividad —el principio que mantiene vigentes los convenios colectivos vencidos—. Además, el plan habilitaría negociaciones individuales entre empleado y empleador, reduciendo el poder de los sindicatos.

En paralelo, la reforma tributaria buscará reducir contribuciones patronales y eliminar impuestos progresivos, lo que podría debilitar las arcas provinciales y el financiamiento de la seguridad social.

En los despachos sindicales y opositores se habla de “una avanzada sin precedentes contra los derechos laborales y el Estado”. Aun sin confirmaciones oficiales, los proyectos que circulan en Casa Rosada preocupan por su alcance y velocidad.

Mientras Milei insiste en que “las reformas no pueden esperar”, la tensión social y política se agrava. La posibilidad de un tratamiento express en el Congreso en pleno verano enciende todas las alarmas en un país donde los conflictos salariales, la pobreza y la inflación ya están al límite.

Si el Gobierno logra su cometido, el 2026 podría comenzar con un nuevo marco legal que transforme radicalmente las relaciones laborales, el sistema previsional y la estructura institucional del país. Para la oposición y los gremios, el escenario es claro: “vienen por todo”.