Gerardo Martínez, de la UOCRA, y Sergio Palazzo, de La Bancaria, lanzaron duras advertencias contra la reforma laboral que el Ejecutivo pretende enviar al Congreso tras el 10 de diciembre. Denuncian un “retroceso histórico” en derechos laborales y anticipan un escenario de conflicto si no se abre el diálogo con el Gobierno.

En un clima de creciente tensión entre la Casa Rosada y los sindicatos, el secretario general de la UOCRA y miembro del consejo directivo de la CGT, Gerardo Martínez, encendió las alarmas este domingo al advertir que la central obrera está “dispuesta a movilizarse y tomar acciones contundentes” si el gobierno de Javier Milei avanza con la reforma laboral regresiva que planea enviar al Congreso tras el recambio legislativo del 10 de diciembre.

Las declaraciones del dirigente, uno de los referentes más influyentes del sindicalismo argentino, reflejan el profundo malestar que se vive en la CGT ante la falta de diálogo con el Ejecutivo y la posibilidad de un ajuste que impacte directamente sobre los derechos adquiridos de los trabajadores.

“No queremos ir al conflicto, pero si se nos cierran todas las puertas y no nos dan garantías, vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos”, advirtió Martínez en declaraciones radiales. El mensaje fue interpretado como una señal directa al Gobierno, que insiste en la necesidad de “modernizar” las relaciones laborales, pese a la resistencia sindical.

Martínez, que ocupó un rol moderado durante los primeros meses de gestión libertaria, cambió el tono de su discurso y criticó duramente la orientación de la reforma que impulsa el oficialismo. En ese sentido, apuntó directamente contra Federico Sturzenegger, uno de los ideólogos del plan económico. “Lo que salen a plantear no saben lo que es pagar un salario ni discutir un convenio colectivo de trabajo. Respeto su capacidad intelectual, pero no entienden lo que significa la modalidad laboral en la Argentina”, sostuvo.

El titular de la UOCRA puso en duda conceptos como los “salarios dinámicos” y los “bancos de horas”, al considerar que estas figuras esconden mecanismos que debilitan la negociación colectiva y favorecen la precarización. “El hecho de que sea secretario un funcionario no quiere decir que sea un iluminado”, ironizó.

Pérdida de empleos y el cierre de empresas

El gremialista también advirtió sobre el deterioro del empleo formal y el cierre masivo de empresas en el contexto de recesión económica. “Han quebrado alrededor de veinte mil empresas. El consumo cae, los bienes transables no son competitivos y la apertura indiscriminada de importaciones ha generado una recesión importante”, aseguró Martínez.

Sus palabras reflejan el temor de amplios sectores sindicales ante la posibilidad de una reforma que, lejos de fomentar el empleo, profundice la crisis social y económica que ya golpea a la industria, la construcción y el comercio.

La Bancaria se suma: “Ni un paso atrás frente al ajuste y la entrega”

Pocas horas después, el gremio de La Bancaria, liderado por Sergio Palazzo, se sumó al reclamo con un comunicado enérgico titulado “Ni un paso atrás frente al ajuste y la entrega”. En el texto, la organización sindical denunció que el Gobierno pretende “imponer una reforma laboral y previsional regresiva, destruir el salario y privatizar la banca pública”, a la vez que reafirmó su compromiso de “resistencia y defensa del patrimonio nacional”.

“No estamos dispuestos a permitir la voracidad privatizadora del poder económico, que destruye el patrimonio del pueblo argentino”, sostiene el documento, que fue aprobado en un plenario de delegados.

Palazzo, uno de los sindicalistas más combativos de la CGT, enfatizó que las medidas del Ejecutivo configuran un escenario de ajuste sin límites sobre los trabajadores y jubilados, y advirtió que el sindicalismo “no se quedará de brazos cruzados ante un retroceso histórico en materia de derechos laborales”.

Alerta de expertos: “No es el momento para una reforma laboral”

La preocupación no se limita al ámbito gremial. El ex ministro de Trabajo Carlos Tomada también cuestionó los planes del oficialismo y consideró que “no es el momento adecuado para tratar una reforma laboral” en un país que atraviesa un contexto de “destrucción del trabajo y recesión económica”.

Según Tomada, el proyecto libertario no resolverá los problemas estructurales del mercado laboral, sino que solo “incrementará los beneficios empresariales a costa de los derechos de los trabajadores”.

El especialista advirtió además sobre la “formalización de la informalidad”, es decir, la legalización de prácticas laborales que antes eran consideradas fraude. “Antes un trabajador podía reclamar si lo contrataban bajo una figura encubierta, como locación de obra o servicios. Ahora, si reclama, le van a decir que tiene un contrato permitido por la ley”, explicó.

Un conflicto que puede escalar

La combinación de una reforma laboral polémica, una CGT que ya evalúa movilizaciones y un Gobierno decidido a avanzar sin concesiones abre un escenario de máxima tensión política y social para las próximas semanas.

Mientras el Ejecutivo sostiene que busca “modernizar las relaciones laborales” y “estimular la productividad”, los sindicatos y los especialistas alertan que las medidas implican un retroceso de décadas en derechos laborales, con un fuerte impacto sobre los salarios, las condiciones de trabajo y el poder de negociación de los gremios.

En medio de la crisis económica, la advertencia sindical suena cada vez más fuerte: si el Gobierno no abre canales de diálogo, la paz social podría romperse antes de fin de año.