El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, advirtió que la central sindical no acompañará ningún proyecto que implique pérdida de derechos laborales. El Gobierno avanza con la reforma que incluiría jornadas de 12 horas, salarios variables y un fondo de cese laboral.

El anuncio del presidente Javier Milei sobre su intención de avanzar con una reforma laboral volvió a encender las alarmas dentro del movimiento obrero. Este martes, el cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, fue contundente: “Si es para retroceder, no va a haber ninguna negociación”. La advertencia marca el tono de lo que podría convertirse en una nueva confrontación abierta entre el Gobierno y los gremios.

Daer aseguró que la CGT no fue convocada para discutir el proyecto y que ni siquiera existe un borrador oficial sobre el texto que el Ejecutivo pretende llevar al Congreso. “No hay ni un indicio de cuál es la propuesta del Gobierno. No hay ninguna negociación de ningún tipo”, afirmó en declaraciones radiales.

Desde fines de 2023, la reforma laboral figura entre las prioridades del Ejecutivo libertario. Según trascendió, el esquema incluiría un banco de horas, la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas, un salario ‘dinámico’ atado al desempeño individual y la creación de un fondo de cese laboral que sería descontado directamente de los sueldos.

Para Daer, estas iniciativas significan “una transferencia de los trabajadores hacia los sectores empresariales”. En particular, rechazó la idea del salario dinámico: “Es un delirio que no existe en ningún lugar del mundo. Pretende reducir el salario básico y establecer mejoras según un criterio individualista, rompiendo con la idea de negociación colectiva”, cuestionó.

La CGT prepara su estrategia para frenar la reforma

El líder sindical anticipó que la central no se quedará de brazos cruzados ante la ofensiva oficial. “La CGT tiene que construir las mayorías parlamentarias que nos permitieron frenar los avances hasta ahora, y si eso no alcanza, generar presión política y gremial como hicimos con el DNU 70/23”, señaló.

La confederación considera que la discusión sobre el mundo laboral debe pasar por la creación de empleo y la formalización del trabajo, no por el recorte de derechos. “Lo que tenemos que debatir es cómo generar trabajo digno, no cómo precarizar más”, insistió Daer.

Mientras tanto, el Gobierno intenta reabrir el debate en el Congreso, después de haber incluido parte de las reformas en el decreto 70/23 y en la Ley Bases, que fueron parcialmente frenadas por la Justicia y la presión sindical.

La nueva conducción de la CGT y un frente gremial en alerta

El 5 de noviembre la CGT renovará sus autoridades, en un proceso que llega en un contexto de fuerte tensión con la Casa Rosada. Aunque todavía no hay nombres confirmados, todo indica que se mantendrá el formato de triunvirato, pero con caras nuevas.

Entre los posibles nombres aparece Maia Volcovinsky, secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), quien ya marcó una posición clara: “La CGT tendrá un rol central como custodia de los derechos de trabajadoras y trabajadores”, dijo a Ámbito.

Volcovinsky también cuestionó los proyectos laborales del Gobierno, al señalar que “no generaron empleo digno, sino todo lo contrario: llevaron los salarios a estar entre los más bajos de la región, aumentaron el trabajo informal y el pluriempleo, destruyeron más de 200 mil puestos formales y provocaron el cierre de 15 mil pymes”.

Para la dirigenta, la salida no pasa por recortar derechos, sino por impulsar un debate nacional que apueste a la producción y al empleo registrado. “Lo que se necesita no es una reforma que quite derechos, sino una que amplíe la protección y fortalezca la producción nacional”, concluyó.

Mientras el Gobierno busca los votos para aprobar la reforma en el Congreso, la CGT se reorganiza y endurece su postura. En un contexto económico cada vez más crítico y con el poder adquisitivo en caída, la disputa por el futuro del trabajo promete ser el próximo gran frente de conflicto entre el oficialismo y el movimiento obrero.