Buenos Aires busca destrabar el conflicto por los fondos adeudados al IPS. La audiencia con el Gobierno nacional será este martes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una audiencia entre el Estado nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires para avanzar en la disputa por las transferencias previsionales adeudadas al Instituto de Previsión Social (IPS), en un conflicto que impacta de lleno en las cuentas bonaerenses.
El encuentro se realizará este martes en la Secretaría de Juicios Originarios y representa una instancia clave para la gestión de Axel Kicillof, que reclama una deuda que, según estimaciones actualizadas, supera los 2 billones de pesos.
Un reclamo central para la Provincia
Desde el gobierno bonaerense sostienen que los fondos corresponden a transferencias que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debía girar para cubrir el déficit del sistema jubilatorio provincial.
La presentación formal realizada en 2024 calculaba la deuda en 1,6 billones de pesos sin actualización, aunque el monto creció con el paso del tiempo ante la falta de pagos.
En la Provincia consideran que la audiencia convocada por la Corte puede ser un punto de inflexión para reactivar una negociación que hasta ahora no tuvo avances concretos.
Un sistema en tensión
El conflicto tiene impacto directo en el funcionamiento del IPS, que abarca a cientos de miles de jubilados bonaerenses y depende en parte de estos recursos para sostener sus prestaciones.
El esquema vigente, heredado de la década del noventa, establece que las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación deben recibir compensaciones periódicas para cubrir sus déficits.
Sin embargo, desde Buenos Aires aseguran que esos envíos se interrumpieron en los últimos dos años, lo que agravó la situación financiera del sistema.
Audiencia clave en medio de la disputa
A la audiencia asistirán funcionarios provinciales del área económica y autoridades del IPS, mientras que por Nación participarán representantes del Ministerio de Economía y de la ANSES.
El caso se enmarca en una creciente tensión entre la Provincia y el Gobierno nacional por el reparto de recursos, en un contexto donde Buenos Aires busca garantizar el funcionamiento de su sistema previsional frente a la falta de financiamiento.
