El descubrimiento en la Casa de Gobierno de Entre Ríos activó una investigación judicial y encendió alarmas por un posible caso de espionaje institucional
Un operativo de seguridad realizado en la Casa de Gobierno de Entre Ríos derivó en el hallazgo de cámaras y micrófonos ocultos dentro del despacho del gobernador Rogelio Frigerio, en un episodio de extrema gravedad institucional que motivó la intervención judicial y peritajes técnicos especializados.
Las tareas se desarrollaron durante toda la mañana e incluyeron la participación de áreas operativas de la Policía de Entre Ríos y personal técnico, luego de detectarse irregularidades que llevaron a un barrido electrónico en sectores sensibles del edificio gubernamental.
Según información confirmada por fuentes directas, los dispositivos no estaban inactivos. Tanto las cámaras como los micrófonos funcionaban con normalidad y se encontraban conectados a internet, lo que permitía la transmisión de audio e imagen en tiempo real. Esa condición técnica se convirtió en un eje central de la investigación, ya que abre la posibilidad de rastrear direcciones IP y reconstruir el destino de la información recolectada.
Los equipos fueron localizados en puntos estratégicos del despacho, con orientación directa hacia el área donde el gobernador mantiene reuniones de trabajo y toma decisiones políticas y administrativas. Como parte del procedimiento preventivo, también se revisaron sectores de circulación reservada dentro de Casa de Gobierno.
Por el momento, no se pudo determinar quién instaló los dispositivos ni desde cuándo estaban operativos. Tampoco se estableció quién o quiénes podían recibir las transmisiones, datos que forman parte del análisis forense del material secuestrado.
El caso quedó bajo investigación judicial, con reserva en las actuaciones, mientras avanzan los peritajes técnicos y la reconstrucción del circuito de transmisión de datos. La hipótesis de espionaje institucional es una de las líneas de análisis, aunque aún no hay imputaciones ni responsables identificados.
En paralelo, el hallazgo generó un fuerte impacto interno en el Gobierno provincial y derivó en nuevas revisiones de seguridad, ante la sospecha de que la instalación de estos dispositivos no haya sido un hecho aislado. El episodio abrió interrogantes sensibles sobre el control de información, el acceso a espacios reservados y el uso ilegal de tecnología de vigilancia en ámbitos institucionales.
