Aunque hay más de 1.200 condenados, la mayoría cumple penas en sus casas y persisten fugas, beneficios y pactos de silencio.

A 50 años del golpe cívico-militar, los datos sobre los juicios por delitos de lesa humanidad exponen un escenario inquietante: mientras se acumulan condenas históricas, crecen los beneficios que favorecen a los responsables del terrorismo de Estado. Desde la reapertura de los procesos durante el gobierno de Néstor Kirchner, se dictaron 361 sentencias con 1.231 condenados. Sin embargo, el presente revela una realidad que genera alarma: la impunidad avanza por otras vías.

Domiciliarias masivas y controles débiles

De los 504 detenidos, 425 —más del 84%— cumplen arresto domiciliario. El dato no es menor: la mayoría de los genocidas condenados transita sus penas en sus casas. Pero además, el sistema de control es frágil: solo el 45% tiene dispositivos electrónicos que permitan monitorear su ubicación.

El contraste es brutal. Apenas 18 represores están alojados en cárceles comunes, mientras que 61 permanecen en la Unidad Penitenciaria N° 34 de Campo de Mayo, un espacio cuestionado por sus condiciones y por el rol del Ejército en su administración.

Prófugos y silencio: la impunidad que persiste

El mapa se completa con 33 prófugos. Algunos con extradiciones rechazadas, otros localizados pero sin ser trasladados, y al menos 18 de los que no se sabe absolutamente nada.

Pero el dato más grave sigue siendo otro: el silencio. Ninguno de los responsables —ni militares ni civiles— rompió los pactos para revelar dónde están los cuerpos de los 30.000 detenidos desaparecidos ni la identidad de los nietos apropiados que buscan las Abuelas de Plaza de Mayo.

Del rechazo social al retroceso judicial

En 2017, la sociedad frenó en las calles el intento de aplicar el beneficio del “2×1” a represores. Sin embargo, ese freno no logró detener una tendencia que se profundizó con el tiempo: el otorgamiento de libertades condicionales y el crecimiento sostenido de las domiciliarias, impulsadas desde el gobierno de Mauricio Macri y consolidadas hasta hoy.

Una herida abierta que no cierra

Las cifras muestran dos caras de una misma historia: un proceso judicial que marcó al mundo y, al mismo tiempo, un presente que habilita privilegios para quienes cometieron los crímenes más aberrantes.

En el Día de la Memoria, el dato ya no es solo cuántos fueron condenados, sino cómo cumplen esas condenas. Y ahí es donde la preocupación crece: porque la justicia que llega tarde, o que se diluye en beneficios, también es una forma de impunidad.