Los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot recurrieron a los tribunales tras el cuestionado fallo de la Corte Suprema que reactivó el mega DNU 70/2023.
La entrega del territorio nacional orquestada a través del mega DNU 70/2023 de Javier Milei sumó un nuevo capítulo de máxima tensión institucional y política. Frente a la desprotección absoluta que generó la Corte Suprema de Justicia al desestimar el amparo de los excombatientes de Malvinas por una mera cuestión procesal, los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una acción cautelar de urgencia ante la Justicia Federal para suspender de inmediato los efectos del artículo 154 del cuestionado decreto presidencial. La iniciativa busca contener una sangría territorial inminente: al caer la Ley de Tierras, el país quedó sin ninguna traba legal para la adquisición ilimitada de suelo rural por parte de corporaciones extranjeras, poniendo en jaque recursos naturales no renovables y la propia seguridad nacional.
La carrera contra el tiempo
La presentación judicial advierte sobre una trampa jurídica diseñada para consumar el saqueo territorial a espaldas de la voluntad parlamentaria. Como el máximo tribunal evitó pronunciarse sobre el fondo de la inconstitucionalidad de la norma, la derogación de la Ley 26.737 recuperó plena vigencia práctica, eliminando de un plumazo los topes porcentuales por nacionalidad, los límites departamentales y la cláusula clave que impedía a extranjeros comprar tierras con costas de lagos, ríos o reservorios de agua dulce de envergadura. El escrito de los legisladores denuncia que se está generando una ventana de impunidad en la que transnacionales y magnates extranjeros pueden cerrar operaciones inmobiliarias a precio de remate, las cuales luego se consolidarían como derechos adquiridos e intocables, incluso si la Cámara de Diputados vota el rechazo final del DNU.
Ante este panorama de vulnerabilidad extrema, los diputados exigieron una medida interina de aplicación automática que congele de forma inmediata cualquier transferencia dominial mientras se tramita la cautelar de fondo. En paralelo, demandaron la preservación urgente y la auditoría estricta del Registro Nacional de Tierras Rurales, organismo desguazado por la administración libertaria, reclamando que se transparente de manera pública cada transacción inmobiliaria foránea realizada desde la firma del decreto. La preocupación de fondo radica en el carácter irreparable del daño: una vez transferidas las parcelas estratégicas en la Patagonia, el Litoral o la Puna a corporaciones extranjeras, la restitución soberana resultará jurídicamente inviable y acarreará millonarios litigios internacionales en tribunales como el CIADI.
Desvío de poder y atropello autoritario
El planteo judicial arremete contra el corazón institucional del modelo de gobierno de Milei, demostrando que jamás existieron las circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia que la Constitución Nacional exige para esquivar el debate legislativo. Los legisladores fundamentaron que el Congreso estuvo plenamente operativo, recordando que el propio Senado rechazó de plano la validez del DNU en marzo de 2024 y que la pretensión de enajenar el suelo patrio sin regulación ya había sido repudiada en las calles. La maniobra del Ejecutivo configura un abuso de poder inadmisible que despoja al Poder Legislativo de su atribución constitucional exclusiva para regular la disposición de bienes estratégicos y el régimen de fronteras de la República.
La batalla por la Ley de Tierras expone la verdadera naturaleza del programa libertario, donde el repliegue del Estado no busca la libertad ciudadana, sino el desmantelamiento de las defensas nacionales para servir en bandeja los recursos naturales al mejor postor. Mientras la Casa Rosada profundiza la asfixia sobre la producción local y niega financiamiento básico a las provincias, facilita que capitales especulativos compren retazos enteros del país sin rendir cuentas ni generar arraigo laboral alguno. La presentación de esta medida cautelar instala una señal de alarma terminal: la integridad del suelo argentino se encuentra en una disputa decisiva contra un régimen que gobierna por decreto para consumar una entrega colonial irreversible.
