En sesiones extraordinarias, el oficialismo impulsa la Ley Penal Juvenil y avanza con una reforma que criminaliza a menores en un contexto de ajuste social y deterioro de derechos

El Gobierno nacional confirmó que buscará bajar la edad de imputabilidad penal durante las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas entre el 2 y el 27 de febrero. El anuncio lo realizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una reunión en Casa Rosada con la plana mayor del oficialismo, en la que se definió el temario legislativo para el verano.

“La Ley Penal Juvenil también formará parte de las sesiones extraordinarias”, escribió Adorni en su cuenta de X, acompañado por una foto del encuentro del que participaron Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Luis Caputo y otros funcionarios clave del Gobierno.

La principal impulsora de la iniciativa es Bullrich, quien volvió a celebrar el avance del proyecto y adelantó un fuerte debate político. “La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir”, afirmó, en un mensaje que volvió a instalar una lógica punitivista y simplista frente a un problema complejo.

Desde el oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también abonó el clima de endurecimiento penal al vincular la iniciativa con casos policiales recientes. “No hay medias tintas: el que las hace, las paga”, sostuvo, reforzando un discurso que apunta directamente a adolescentes y jóvenes de sectores vulnerables.

La baja de la edad de imputabilidad es un viejo anhelo del espacio que gobierna y Bullrich lo impulsa desde su paso por el Ministerio de Seguridad. Incluso llegó a plantear como opciones los modelos de Uruguay o Brasil, donde la edad penal comienza a los 13 o 12 años, sin reparar en los cuestionados resultados sociales de esas experiencias.

En mayo del año pasado, el Gobierno ya había avanzado en esta dirección cuando logró dictamen para un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil que fijaba la imputabilidad desde los 14 años. Sin embargo, el proyecto nunca llegó al recinto y el dictamen cayó tras cambios en la composición de la Cámara.

Ahora, el Ejecutivo retoma la iniciativa en un contexto marcado por el ajuste, la pobreza creciente y el vaciamiento de políticas de inclusión. En lugar de fortalecer la educación, la salud y la protección integral de las infancias, el Gobierno vuelve a apostar por el castigo como respuesta. El resultado es un debate tan sensible como preocupante, que amenaza con profundizar la criminalización de la desigualdad bajo el ropaje de una supuesta “mano dura”.