Marcela Pagano amplió sus denuncias contra el Gobierno y aseguró que el dinero de fondos destinados a infraestructura hídrica, trenes y colectivos terminó retenido o colocado financieramente.

El superávit que Javier Milei exhibe como uno de los principales logros de su gestión vuelve a quedar bajo sospecha. La diputada Marcela Pagano denunció que el Gobierno habría retenido y redireccionado recursos que tenían destinos específicos para sostener el resultado fiscal, mientras obras de infraestructura permanecen paralizadas y distintos servicios acumulan necesidades.

La presentación que prepara para la Justicia federal sostiene que la operatoria no se limitaría al dinero destinado al mantenimiento de rutas y podría involucrar fondos vinculados con agua, ferrocarriles y transporte automotor.

Fondos para evitar inundaciones que terminaron en manos del Tesoro

Uno de los casos señalados es el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. Según Pagano, desde 2024 habría acumulado unos $375.000 millones, pero solamente se habría ejecutado el 31%. La diputada sostiene además que el 88% permanece prestado al Tesoro Nacional.

El problema no queda reducido a una discusión contable. Ese fondo se financia mediante un impuesto específico y tiene como finalidad sostener obras destinadas al saneamiento y la prevención de inundaciones. De acuerdo con la denuncia, 28 de las 49 obras previstas se encuentran frenadas, entre ellas el Plan Maestro del Río Salado, paralizado desde febrero de 2025.

La advertencia de Pagano apunta justamente al contraste: mientras el Gobierno muestra el equilibrio fiscal como bandera, obras pensadas para evitar futuras inundaciones permanecen sin ejecutarse.

La misma lógica aparece en trenes y colectivos

La legisladora sostiene que el mecanismo también habría alcanzado al Sistema Ferroviario Integrado (SIFER), que recibe recursos provenientes de impuestos nacionales para financiar subsidios y compensaciones del transporte ferroviario. Según su denuncia, el sistema habría distribuido el 69% de los fondos y retenido el resto.

Algo similar habría ocurrido con el Sistau y otros mecanismos destinados a compensar los costos de funcionamiento de los colectivos y contener el impacto de esas erogaciones sobre el precio del boleto.

Pagano estima que la suma de recursos con destino específico que habrían quedado sin ejecutar o fueron utilizados con otra finalidad ronda los US$4.000 millones. Por eso prepara una denuncia por presunta malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y abuso de autoridad.

La acusación se suma a la investigación ya abierta por el manejo de recursos destinados a las rutas nacionales. Mientras desde el Gobierno aseguran que el dinero no fue malversado sino invertido para evitar que pierda valor, la oposición sostiene que el problema está justamente allí: recursos cobrados para una finalidad concreta que terminan funcionando como una herramienta financiera del Tesoro.

El debate, entonces, deja de ser solamente cuánto muestra el Gobierno en sus cuentas. La pregunta que ahora deberá responder Milei y, especialmente, el ministro Luis Caputo es con qué dinero se construyó ese equilibrio fiscal y qué obras quedaron en el camino para conseguirlo.