Pese a estar señalada en una investigación judicial por sobreprecios, licitaciones direccionadas y desvío de fondos, la droguería Suizo Argentina, perteneciente a la familia Kovalivker, volvió a participar de procesos de compra del Estado nacional. Lo hizo a través del sistema COMPRAR, bajo la órbita del Ministerio de Salud, y en al menos uno de esos expedientes la contratación ya fue aprobada.

El regreso no es menor. El laboratorio había quedado virtualmente fuera del circuito oficial tras la difusión de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se expone un presunto esquema de corrupción estructural. Desde el 22 de agosto pasaron 89 días hasta que el CUIT de la empresa volvió a aparecer en una licitación estatal, un lapso llamativo si se considera que, en apenas un año y medio, había acumulado contratos por más de 100 mil millones de pesos con distintas áreas del Estado.

La reaparición se dio en dos procesos concretos. Uno, fechado el 15 de noviembre, para la compra de insumos de hemodinamia infantil destinados al Hospital Posadas, con una oferta de 250 millones de pesos que quedó “disponible para adjudicar”. El otro, del 26 de diciembre, apunta a la provisión de insumos de neurocirugía con aparatología a préstamo, donde Suizo Argentina ofertó casi 37 millones de pesos y superó el primer filtro técnico.

Todo esto ocurre mientras la Justicia avanza. En su dictamen, el fiscal Franco Picardi describió con precisión un sistema basado en discrecionalidad, cartelización y sobreprecios, donde Suizo Argentina aparece como un actor central. Según la investigación, la firma habría coordinado con otras empresas qué licitaciones disputar y qué montos cotizar, un mecanismo que los propios involucrados identificaban en chats como “la suiza” o “los helvéticos”.

Picardi pone el foco en Sebastián Nuner Uner, alto directivo de la compañía y nexo clave con ANDIS. Testimonios lo señalan como quien tenía la capacidad de habilitar proveedores, en vínculo directo con Pablo Atchabahian y Daniel Garbellini, piezas relevantes del engranaje investigado. Para el fiscal, Nuner Uner funcionaba como el puente operativo entre la cúpula empresarial y el organismo estatal.

Mientras la causa judicial retoma ritmo tras la feria, la empresa avanza en silencio para reinsertarse en el negocio público. La pregunta queda flotando: ¿se trata de un caso de normalización administrativa o de una peligrosa señal de impunidad estructural? En los papeles, todo parece en regla. En el trasfondo, el escándalo sigue abierto.