Ignorando los desesperados reclamos de la Unión Industrial Argentina, la administración libertaria emitió un decreto a medida de los capitales foráneos.

La vocación del gobierno de Javier Milei por arrasar con el aparato productivo nacional sumó un nuevo y gravísimo capítulo tras la publicación de un decreto que flexibiliza de manera escandalosa la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Desoyendo los reclamos formales de la conducción de la Unión Industrial Argentina, el ministro Luis Caputo optó por desproteger por completo a la industria nacional, otorgando facilidades a discreción para que las corporaciones extranjeras eludan el espíritu original del régimen y vacíen de contenido el porcentaje mínimo de compre local que exigía la normativa aprobada por el Congreso.
A través de una maniobra tan sutil como lesiva para los intereses soberanos, la administración central modificó el criterio sobre quiénes son considerados proveedores locales. A partir de ahora, bastará con una mera constitución formal y domicilio en el país —sin importar la nacionalidad de los accionistas ni la composición del capital social— para computar como proveedora nacional. Tal como advirtió el director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, una compañía de capitales íntegramente extranjeros radicada en el suelo argentino podrá proveer equipos computando como local, pulverizando el requisito de control societario autóctono y garantizando que las millonarias inversiones transiten de largo sin dejar beneficios reales en la economía federal.
Este desplante político a la UIA llega luego de que la entidad fabril exigiera infructuosamente que el cupo del veinte por ciento se aplique de manera estricta a bienes industriales nacionales, reclamando además esquemas de integración progresiva que acompañen el avance de los proyectos. Sin embargo, la Casa Rosada optó por convalidar un modelo importador cuyas nefastas consecuencias ya se vislumbran en antecedentes concretos como el proyecto minero Vicuña en San Juan, donde se priorizó la contratación de una ciudad modular importada desde China por sobre la industria nacional. Mientras fabricar campamentos locales habría garantizado entre cuatrocientos y quinientos puestos de trabajo directos, el esquema impuesto por el oficialismo reduce la ecuación a unos miserables cincuenta empleos de montaje y logística.
La profundización de este rumbo económico no hace más que acelerar la asfixia de pymes, talleres y fábricas que luchan por sobrevivir frente a la recesión, mientras el Palacio de Hacienda premia a los grandes jugadores internacionales a costa de destruir el empleo genuino y condenar a la Argentina a una peligrosa primarización y dependencia estructural.