El Gobierno publicará los pliegos para vender el 90% de la empresa estatal de agua y saneamiento. Además, aprobó dos nuevos proyectos mineros por más de 2.000 millones de dólares.
El gobierno de Javier Milei avanza con otra de sus privatizaciones emblemáticas. El ministro de Economía Luis Caputo confirmó que este viernes se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de licitación para vender el 90 por ciento de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos, la compañía encargada del servicio de agua potable y cloacas en el AMBA.
El Gobierno avanza con la venta de AySA
La decisión marca un paso clave en el proceso iniciado hace diez meses por la administración libertaria para privatizar la empresa estatal. Según explicó Caputo, el plan oficial contempla vender al menos el 51 por ciento de las acciones a un “operador estratégico”, mientras que el resto será colocado en la Bolsa.
El 10 por ciento restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
La empresa que se quede con el control de AySA operará bajo un nuevo contrato de concesión aprobado a fines de abril, que establece la prestación del servicio durante 30 años, con posibilidad de extenderlo por otra década.
Desde el Gobierno justificaron la privatización bajo el argumento de que permitirá atraer inversiones y mejorar la infraestructura. “La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá expandir la red y mejorar la calidad del servicio”, sostuvo Caputo.
Nuevos proyectos mineros aprobados con el RIGI
En paralelo, el ministro anunció la aprobación de dos nuevos proyectos mineros dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los pilares económicos del oficialismo.
Las iniciativas corresponden al proyecto de cobre de Minera San Jorge en Mendoza, con una inversión estimada en 891 millones de dólares, y a la ampliación del proyecto de litio Cauchari Olaroz en Jujuy, que sumará otros 1.241 millones.
Según Caputo, ambos emprendimientos generarían alrededor de 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Con estas incorporaciones, ya son 16 los proyectos aprobados bajo el RIGI por un monto cercano a los 30 mil millones de dólares.
Mientras el Gobierno celebra la llegada de inversiones y profundiza el proceso de privatizaciones, crece también el debate sobre el rol del Estado en áreas estratégicas y el impacto que estas decisiones pueden tener sobre servicios esenciales como el acceso al agua.
