La disputa pública entre Patricia Bullrich y dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó este martes un nuevo capítulo con la presentación de una denuncia judicial contra la actual senadora de La Libertad Avanza y su hijo, Francisco Langeri Bullrich, por presuntas irregularidades vinculadas al manejo de la cadena gastronómica “Tostado”.
La acción fue impulsada por Gregorio Dalbón, abogado de la AFA y de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y quedó radicada en la Justicia Federal. La denuncia solicita que se investiguen posibles delitos de evasión impositiva, lavado de dinero y asociación ilícita.
La presentación judicial se produjo luego de que Bullrich denunciara ante la Conmebol a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, respectivamente. Esa decisión derivó en un cruce público en redes sociales entre la senadora y el tesorero de la entidad, quien aludió irónicamente a la firma gastronómica en uno de sus mensajes.
Los alcances de la denuncia
Además de Bullrich y su hijo, la denuncia incluye a Fernando Goijman, señalado como socio minoritario en dos de las empresas vinculadas al grupo. Según el escrito, el foco de la investigación está puesto en el rápido crecimiento de la cadena “Tostado”, que habría alcanzado más de 70 locales en un período breve, lo que —según el denunciante— amerita un análisis exhaustivo de su estructura societaria y financiera.
El planteo sostiene que la expansión se habría dado a través de múltiples sociedades y franquicias, constituidas en lapsos cercanos, lo que podría dificultar los controles fiscales y contables. En ese marco, se menciona que algunas de las sociedades tendrían domicilios vinculados a propiedades asociadas a Patricia Bullrich, un aspecto que la denuncia considera relevante desde el punto de vista patrimonial.
Asimismo, se señala que algunas de las empresas involucradas habrían emitido cheques sin fondos, una situación que, según la presentación, contrastaría con el volumen de negocios atribuido al grupo. También se menciona que la cadena tendría presencia o actividades en el exterior, en países como España, Estados Unidos, Brasil y Uruguay, lo que ampliaría la complejidad de la operatoria financiera bajo análisis.
Medidas solicitadas a la Justicia
En función de estos elementos, Dalbón solicitó una serie de medidas de prueba, entre ellas allanamientos, secuestro de documentación y requerimientos de información a distintos organismos de control, como la Unidad de Información Financiera (UIF), la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El abogado también pidió que los denunciados sean citados a declaración indagatoria, con el objetivo de esclarecer su eventual responsabilidad en los hechos denunciados. Hasta el momento, no se informó sobre una respuesta judicial a la presentación ni sobre declaraciones públicas de los involucrados respecto de la denuncia.
