El gobernador Axel Kicillof presentó una denuncia judicial contra la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) por presunto espionaje ilegal.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó una denuncia ante la Justicia Federal contra la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) por presuntos hechos de espionaje ilegal. La medida judicial surge tras una investigación que reveló tareas de inteligencia ilegítimas sobre dirigentes opositores, incluido el propio Kicillof.
La denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal N°1, a cargo de Alejo Ramos Padilla, y solicita que se investiguen los supuestos delitos cometidos por funcionarios y personal de la SIDE. Según Kicillof, la identidad y la responsabilidad legal de los involucrados se determinarán a lo largo de la investigación.
El gobernador afirmó que, de confirmarse estas maniobras de espionaje ilegal, se trataría de un hecho de suma gravedad. “Me vi obligado a denunciar para que la Justicia esclarezca estos hechos y se atribuyan las responsabilidades penales correspondientes”, expresó.
Investigación periodística que involucra a Kicillof y otros dirigentes
La denuncia de Kicillof se basa en una investigación realizada por el periodista Hugo Alconada Mon, que detalló el seguimiento ilegal y la recopilación de información por parte de la SIDE sobre dirigentes opositores. Este caso genera preocupación por la posible violación de derechos constitucionales y legales.
Apoyo del gobierno provincial a la denuncia de Kicillof
Antes de la presentación formal, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, adelantó que el Ejecutivo provincial analizaba la posibilidad de denunciar penalmente a la Secretaría de Inteligencia. Bianco explicó que estas supuestas acciones violan la Ley de Inteligencia Nacional (ley 25.520), que prohíbe la obtención de información basada en raza, religión, opinión política o pertenencia a organizaciones sociales o sindicales.
La denuncia presentada por Kicillof abre un nuevo capítulo en el debate sobre el control y el uso de los servicios de inteligencia en Argentina. La Justicia Federal deberá investigar para confirmar la veracidad de las acusaciones y establecer las responsabilidades penales correspondientes.