El Gobierno autorizó por DNU la participación de militares argentinos en el ejercicio PANAMAX 2026, organizado bajo el mando del Comando Sur. La oposición cuestiona que el Ejecutivo haya eludido el tratamiento legislativo.
El gobierno de Javier Milei volvió a recurrir a un decreto de necesidad y urgencia para autorizar el envío de efectivos de las Fuerzas Armadas al exterior. Mediante el DNU 650/2026, el Ejecutivo habilitó la participación argentina en el ejercicio militar PANAMAX 2026, que se desarrollará en Panamá bajo la conducción del Comando Sur de Estados Unidos, sin contar con la aprobación previa del Congreso.
La decisión se fundamenta en que el proyecto de ley que debía autorizar las ejercitaciones militares internacionales no fue tratado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, la documentación oficial revela que la invitación de Estados Unidos fue enviada en agosto de 2025, casi un año antes del operativo, lo que reavivó las críticas por el uso del DNU para evitar el debate parlamentario.
Un despliegue bajo el mando del Comando Sur
El ejercicio PANAMAX 2026 se realizará entre el 27 de julio y el 15 de agosto y reunirá a fuerzas militares de trece países del continente. Según el decreto, el objetivo es fortalecer la interoperabilidad y estandarizar procedimientos operativos entre los participantes.
Argentina enviará hasta 56 efectivos. De ese total, 37 integrarán un Comando Conjunto de Operaciones Especiales conformado por personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, mientras que el resto cumplirá funciones de planificación y ciberdefensa. El Ministerio de Defensa estimó un costo cercano a 51 millones de pesos para el operativo.
La hipótesis del ejercicio plantea un escenario ficticio en el que una fuerza hostil intenta bloquear o sabotear el Canal de Panamá, lo que motiva una respuesta militar multinacional bajo una supuesta resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.
Cuestionamientos por el uso del DNU
La autorización volvió a poner en discusión el uso de los decretos de necesidad y urgencia por parte del Gobierno. Sectores de la oposición sostienen que el Ejecutivo contaba con tiempo suficiente para obtener el aval legislativo, ya que la invitación formal había sido cursada casi un año antes.
Desde el oficialismo, en cambio, argumentan que la participación en este tipo de ejercicios fortalece la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y consolida el posicionamiento internacional de la Argentina mediante la cooperación con otros países del continente.
La decisión también se inscribe en la política de alineamiento internacional impulsada por Milei, que profundizó la cooperación militar con Estados Unidos desde el inicio de su gestión.
