Un informe reveló que casi seis millones de personas ya no pueden afrontar el pago de créditos y préstamos. Mientras crece la morosidad, el Gobierno responsabiliza a la población y asegura que el problema es que “no sabe manejar sus ingresos”.

La crisis económica sigue dejando señales cada vez más profundas en los hogares argentinos. Un informe elaborado por la consultora Equilibra, a partir de datos oficiales del Banco Central y el INDEC, reveló que 5,8 millones de personas presentan atrasos en el pago de sus deudas, una cifra que representa casi el 28% de todos los argentinos que tienen algún tipo de crédito vigente.
El dato refleja un deterioro acelerado desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. En apenas dos años, la cantidad de morosos aumentó más de un 140%, impulsada por la pérdida del poder adquisitivo, el encarecimiento del costo de vida y el creciente endeudamiento de las familias para cubrir gastos básicos.
Mientras tanto, lejos de reconocer el impacto del ajuste sobre los ingresos, el Gobierno atribuyó el problema a la conducta de los propios deudores.
Casi seis millones de personas ya no pueden pagar sus deudas
El relevamiento muestra que en mayo de 2026 había 20,8 millones de adultos con algún tipo de obligación financiera o no financiera, lo que equivale a seis de cada diez personas mayores de edad.
De ese universo, 5,8 millones registran mora, es decir, incumplen con el pago de préstamos, tarjetas de crédito o compromisos asumidos fuera del sistema bancario tradicional.
La evolución de la deuda resulta especialmente preocupante. En julio de 2024 había alrededor de 2,4 millones de personas en esa situación. Desde entonces, el número creció de manera sostenida hasta sumar otros 3,4 millones de morosos, alcanzando el nivel más alto de los últimos años.
El informe también detalla que 2,9 millones mantienen deudas impagas únicamente fuera del sistema financiero, mientras que 1,6 millones presentan atrasos exclusivamente con bancos o entidades financieras. A ellos se suman 1,3 millones de personas que ya no logran cumplir con ninguno de los dos circuitos, una señal del deterioro económico que atraviesan miles de hogares.
El Gobierno responsabilizó a los deudores
En medio del crecimiento de la morosidad, el vocero presidencial Adrián Ravier sorprendió al adjudicar el fenómeno a una supuesta mala administración de los ingresos por parte de la población.
“A veces la gente misma se expone a riesgos de impago por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones”, afirmó el funcionario, descartando cualquier responsabilidad del rumbo económico implementado por el Gobierno.
Las declaraciones contrastan con distintos indicadores que muestran una caída del salario real, el aumento de las tarifas, el incremento del desempleo y un consumo cada vez más financiado mediante tarjetas de crédito o préstamos personales para cubrir gastos esenciales, incluso alimentos.
Pese al fuerte deterioro de los indicadores sociales, Ravier sostuvo que la situación podría mejorar mediante refinanciaciones impulsadas por los bancos y una eventual baja de las tasas de interés. Sin embargo, para millones de familias que ya utilizan el crédito para llegar a fin de mes, la deuda dejó de ser una herramienta financiera para convertirse en una consecuencia directa de la pérdida del poder de compra.