El Presidente avanzó con cambios en el área de Comunicación, desplazó a funcionarios cercanos al jefe de Gabinete y designó nuevas autoridades. Mientras tanto, el oficialismo despliega una estrategia para bloquear en el Congreso los intentos de interpelación y eventual remoción del funcionario investigado por presuntas irregularidades patrimoniales.
La situación política de Manuel Adorni atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su llegada al Gobierno. En medio de las investigaciones judiciales por presuntas inconsistencias en su patrimonio y de la creciente presión de la oposición para apartarlo del cargo, Javier Milei decidió quitarle el control de una de las áreas más sensibles de la administración: la comunicación oficial.
La decisión comenzó a tomar forma durante una extensa reunión entre el Presidente y Adorni en la Quinta de Olivos. Allí se habría definido una reestructuración que implica, en los hechos, retirar al jefe de Gabinete de la función que lo convirtió en una de las caras más visibles de la gestión libertaria.
El primer paso fue la designación de un nuevo vocero presidencial, una tarea que Adorni había dejado de ejercer plenamente en los últimos meses. La imposibilidad de responder sobre las denuncias que pesan en su contra y la creciente exposición de su situación judicial terminaron por debilitar su rol como portavoz del Gobierno.
Reestructuración y pérdida de poder
La reconfiguración continuó con la salida de Javier Lanari de la Secretaría de Comunicación. Considerado uno de los hombres de mayor confianza de Adorni y pieza clave en la estrategia comunicacional libertaria, su desplazamiento fue leído dentro de la Casa Rosada como una nueva señal de debilitamiento político del jefe de Gabinete.
En su lugar fue designado Fabián Fernández, un dirigente con experiencia en comunicación institucional y antecedentes en YPF. Con esta decisión, Milei volvió a separar la Vocería Presidencial de la Secretaría de Comunicación, áreas que durante la gestión de Adorni habían quedado concentradas bajo una misma conducción.
La reorganización alimentó las versiones sobre una posible salida del funcionario, aunque por ahora el Presidente mantiene públicamente su respaldo. En el oficialismo admiten que existen discusiones sobre eventuales cambios, pero aseguran que cualquier definición dependerá exclusivamente de Milei.
El blindaje político en el Congreso
Mientras redefine el esquema comunicacional, la Casa Rosada despliega una intensa estrategia para evitar que avance la ofensiva parlamentaria contra Adorni.
La oposición busca reunir los votos necesarios para impulsar una interpelación y eventualmente una moción de censura basada en las investigaciones por su patrimonio. Sin embargo, el oficialismo apuesta a bloquear la iniciativa desde el plano reglamentario y político.
En Diputados, La Libertad Avanza confía en impedir el quórum necesario para abrir la sesión impulsada por la oposición. Paralelamente, convocó a una comisión para discutir los proyectos vinculados al jefe de Gabinete, una maniobra interpretada como un intento de dilatar definiciones y ganar tiempo.
En el Senado, la discusión gira alrededor de qué mayoría sería necesaria para avanzar con una eventual remoción. Mientras sectores opositores sostienen que alcanza con mayoría absoluta, el oficialismo impulsa la interpretación de que se requieren dos tercios de los votos, una exigencia que dificulta significativamente cualquier intento de desplazar al funcionario.
Así, mientras Milei le recorta atribuciones y reordena áreas clave de su gobierno, también activa todos los mecanismos institucionales disponibles para evitar que sea el Congreso quien defina el futuro político de uno de sus colaboradores más cuestionados.
