Un decreto firmado por el Presidente modifica los mecanismos de selección impulsados en 2003, reduce instancias de participación ciudadana y elimina criterios vinculados a la diversidad y representación federal en las postulaciones judiciales.
El Gobierno nacional volvió a quedar en el centro de una fuerte controversia institucional. A través de un decreto firmado por Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, la Casa Rosada modificó los mecanismos que regulaban la selección de jueces de la Corte Suprema y otras autoridades clave del sistema judicial. La decisión encendió alarmas en sectores políticos, jurídicos y organismos especializados, que advierten sobre un retroceso en materia de transparencia y control ciudadano.
La medida llega apenas semanas después de que el oficialismo lograra avanzar con la aprobación de decenas de pliegos judiciales y en medio de una creciente disputa por el control de áreas estratégicas del Poder Judicial.
Qué cambia con el decreto de Milei para designar jueces
El nuevo decreto modifica aspectos centrales de las normas que desde 2003 establecían mecanismos de publicidad y participación ciudadana en la selección de integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General, el Defensor General de la Nación y magistrados federales.
Hasta ahora, los antecedentes de los candidatos debían ser publicados y permanecer expuestos durante un período determinado para que ciudadanos, organizaciones sociales, universidades y entidades profesionales pudieran presentar observaciones o impugnaciones. Además, los postulantes debían exhibir declaraciones juradas patrimoniales, antecedentes profesionales y vínculos societarios.
Con la reforma impulsada por Milei, gran parte de esas instancias quedan eliminadas. También desaparece la obligación de difundir las candidaturas en medios de circulación nacional, concentrando la información exclusivamente en los canales oficiales del Ministerio de Justicia.
La modificación alcanza además a los criterios que recomendaban contemplar diversidad de género, especialización jurídica y representación regional al momento de conformar los máximos órganos judiciales del país.
Las críticas por un posible retroceso institucional
La decisión fue interpretada por numerosos sectores como un avance del Poder Ejecutivo sobre mecanismos creados precisamente para limitar la discrecionalidad política en la designación de magistrados.
Las críticas se potencian porque el propio gobierno de Milei ya había protagonizado una fuerte polémica al intentar designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema. Aquella maniobra generó cuestionamientos institucionales y terminó envuelta en un escándalo político que debilitó la estrategia oficial.
Ahora, la eliminación de controles previos, la reducción de espacios para observaciones públicas y la desaparición de criterios vinculados al federalismo y la diversidad vuelven a instalar una pregunta incómoda: quién controlará el proceso de selección de quienes, en última instancia, deberán controlar al propio poder político.
Lejos de cerrar la discusión, el decreto abre un nuevo capítulo en la disputa por el funcionamiento de la Justicia argentina. Y mientras el Gobierno habla de “modernización” y “simplificación”, crece la preocupación de quienes ven en estas modificaciones un paso más hacia la concentración de poder en manos del Ejecutivo.
