Un informe reveló que el 48,1% de los hogares del país presenta algún tipo de déficit habitacional. En los barrios populares, la cifra alcanza al 96,9% de las familias.
La crisis habitacional en Argentina es más profunda de lo que reflejan las estadísticas tradicionales. Según un estudio del Centro para la Integración Socio Urbana (CISUR), uno de cada dos hogares atraviesa al menos una situación de déficit habitacional, una problemática que combina falta de infraestructura, dificultades de acceso a servicios básicos y deterioro de las viviendas.
El déficit habitacional golpea con más fuerza en los barrios populares
Los datos muestran que el problema excede la falta de viviendas nuevas. De acuerdo con el informe, cuatro de cada diez hogares del país presentan carencias vinculadas a la calidad de la vivienda, el acceso a servicios esenciales, el hacinamiento o la cohabitación. La principal dificultad está relacionada con la calidad de los materiales de construcción, una situación que afecta a uno de cada tres hogares.
La situación se vuelve crítica en los barrios populares. Allí, el déficit habitacional alcanza al 96,9% de las familias y casi la mitad enfrenta más de una carencia al mismo tiempo. Además, el 83,5% accede al agua de manera inadecuada y el 70,7% utiliza sistemas deficientes para la eliminación de excretas. A esto se suma que seis de cada diez viviendas presentan problemas en pisos, paredes o techos.
El informe advierte sobre el retroceso de las políticas de urbanización
Los especialistas señalaron que la magnitud del problema suele quedar subestimada por las herramientas estadísticas tradicionales, que presentan limitaciones para reflejar las condiciones de vida en territorios atravesados por la informalidad urbana. Según el estudio, esto termina ofreciendo una imagen incompleta de la realidad habitacional del país.
El diagnóstico aparece en un contexto de fuerte retracción de las políticas públicas destinadas a vivienda e integración socio-urbana. Durante el último año, el Gobierno nacional avanzó con recortes en programas de urbanización, paralizó obras de infraestructura y dispuso el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), principal herramienta de financiamiento para barrios populares. Mientras tanto, la demanda sigue creciendo: detrás de cada porcentaje hay millones de familias que aún esperan condiciones básicas para ejercer un derecho tan elemental como el acceso a una vivienda digna.
