El ministro bonaerense Pablo López cuestionó el relato económico del Gobierno y denunció que el recorte a universidades y ciencia sostiene parte del equilibrio fiscal que celebra la Casa Rosada.

La discusión por el superávit volvió a exponer el costo del ajuste. Mientras el gobierno de Javier Milei reivindica el equilibrio de las cuentas públicas como principal bandera de gestión, desde la provincia de Buenos Aires advirtieron que ese resultado se construye sobre el vaciamiento de áreas estratégicas del Estado.

“El superávit se sostiene con recortes ilegales”

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, aseguró que desde 2024 el Gobierno nacional recortó 4,2 billones de pesos destinados a universidades públicas y al sistema científico. Según explicó, esa cifra representa aproximadamente la mitad del superávit financiero acumulado por la administración libertaria en el mismo período.

El funcionario sostuvo que la inversión nacional en educación superior y ciencia cayó a mínimos históricos. De acuerdo con los datos que difundió, actualmente esos fondos representan apenas el 0,62% del PBI, lejos del 1,01% registrado en 2023.

En ese marco, cuestionó el discurso oficial que presenta el ajuste como un éxito económico y advirtió que parte del equilibrio fiscal se explica por el incumplimiento de obligaciones establecidas por ley, entre ellas la Ley de Financiamiento Universitario.

Universidades, ciencia y el costo del ajuste

Para López, las universidades públicas forman parte de los sectores que están absorbiendo el impacto más fuerte del modelo económico. En esa lista incluyó también a jubilados, provincias y la obra pública, todos atravesados por recortes y paralización de fondos.

El planteo aparece en medio de una creciente preocupación por la situación presupuestaria de las casas de estudio, que vienen denunciando dificultades para sostener funcionamiento, salarios e investigación.

“El ajuste pone en riesgo uno de los pilares de la democracia”, advirtió el ministro, al insistir en la necesidad de defender el sistema universitario público frente al deterioro presupuestario.

Mientras el Gobierno insiste en mostrar el superávit como señal de orden económico, la discusión empieza a correrse hacia otra pregunta: cuánto cuesta sostener ese equilibrio y quiénes terminan pagando el precio.