Tras una movilización masiva, jefes comunales advierten que podrían avanzar judicialmente por el uso de recursos del impuesto a los combustibles.

Más de 120 intendentes de todo el país elevaron la tensión con el Gobierno nacional luego de movilizarse al Ministerio de Economía para reclamar por el destino de fondos clave. El eje del conflicto apunta al manejo de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, que —según denuncian— no estarían siendo utilizados conforme a lo establece la ley.

La protesta, impulsada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), incluyó un pedido concreto al ministro Luis Caputo: retrotraer el precio de los combustibles a valores de marzo y reactivar la obra pública vial. Sin embargo, ante la falta de respuestas, los intendentes ya analizan avanzar con una denuncia por presunta malversación de fondos públicos.

El foco en el impuesto a los combustibles

El planteo se apoya en la normativa vigente que regula el destino de esos recursos. La legislación establece que una parte de lo recaudado debe ser transferida al fideicomiso de infraestructura de transporte, con un destino mayoritario a obras viales.

Según los cálculos de la FAM, durante el último año se habrían recaudado cerca de 3,5 billones de pesos para ese fondo. De ese total, sostienen que alrededor de 2,25 billones debían destinarse a Vialidad Nacional. Sin embargo, denuncian que las transferencias efectivas fueron considerablemente menores, lo que deja una diferencia millonaria sin aplicación clara en infraestructura.

Sospechas y advertencias judiciales

Desde los municipios aseguran que esa brecha podría implicar un desvío de recursos hacia otros fines, lo que abriría la puerta a una presentación judicial. En ese sentido, advierten que, de no regularizarse la situación, impulsarán una denuncia formal por el presunto uso indebido de fondos públicos.

El reclamo no es solo técnico: los intendentes sostienen que la falta de inversión en rutas impacta directamente en la vida cotidiana, tanto por el deterioro de la infraestructura como por el encarecimiento de costos logísticos que terminan trasladándose a precios.

Mientras tanto, el conflicto suma un nuevo frente de presión sobre el Ministerio de Economía, en un contexto donde las provincias y municipios advierten por el creciente ahogo financiero y reclaman mayor previsibilidad en el flujo de recursos.