Una resolución oficial puso fin a más de mil tareas del organismo. La supervisión de productos y procesos quedará ahora bajo responsabilidad de las propias empresas.

El Gobierno de Javier Milei avanzó con una medida que marca un quiebre en el sistema de control estatal: oficializó la eliminación de funciones centrales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que dejará de intervenir en más de mil áreas vinculadas a la calidad, seguridad y certificación de productos.

La decisión, formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, dispone la interrupción inmediata de estos servicios, aunque aclara que los compromisos vigentes continuarán hasta su finalización. En paralelo, se estableció un esquema de transición orientado al cierre definitivo de las prestaciones y la preservación de los registros históricos del organismo.

Un sistema de control que pasa al sector privado

La medida implica que tareas como inspecciones, ensayos y certificaciones —históricamente realizadas por el Estado— dejarán de existir como tales. En la práctica, serán las propias empresas las que asumirán el control sobre sus procesos y productos, sin una instancia pública de verificación.

El impacto abarca sectores sensibles: desde alimentos, bebidas y calidad del agua hasta materiales de construcción, transporte, electrónica y salud. En el ámbito alimentario, por ejemplo, se discontinuarán análisis químicos y microbiológicos que permitían detectar contaminantes o fallas en la producción.

También dejarán de realizarse controles sobre efluentes industriales, seguridad de materiales y estándares en productos de uso cotidiano. Esto abre interrogantes sobre los mecanismos de garantía en áreas directamente vinculadas con la salud pública y la seguridad de los consumidores.

Argumentos oficiales y respaldo político

Desde el Gobierno justificaron la decisión en la necesidad de “revisar la intervención estatal” frente al desarrollo del sector privado. Según el planteo oficial, los controles públicos podrían generar distorsiones en el mercado y desalentar inversiones.

La postura fue celebrada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien defendió la medida al considerar que el esquema previo implicaba un subsidio indirecto a empresas a través de servicios estatales a bajo costo.

Sin embargo, la resolución abre un debate de fondo sobre el rol del Estado en la regulación productiva. Con el retiro del INTI de funciones clave, el modelo pasa de un sistema de control público a uno basado en la autorregulación empresarial, con consecuencias aún inciertas para el entramado productivo y la protección de los consumidores.