El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció la redacción de un nuevo Código Penal. La iniciativa suma figuras delictivas y plantea agravar condenas en casos sensibles.

El Gobierno nacional puso en marcha la elaboración de un nuevo Código Penal con el objetivo de actualizar la normativa vigente y adaptarla a problemáticas que, según sostienen, no tienen un abordaje suficiente en la legislación actual.

El anuncio se dio tras una reunión entre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes seguirán de cerca el desarrollo del proyecto antes de su envío al Congreso.

Qué cambios propone el nuevo Código Penal

Entre los principales ejes, el proyecto contempla la incorporación de nuevas figuras delictivas como estafas piramidales, “viudas negras”, picadas ilegales, delitos migratorios, salideras y entraderas. También se suman el daño animal y la portación de armas dentro de cárceles.

Además, se prevé un endurecimiento de penas en delitos como el incumplimiento de deberes alimentarios, el grooming y el abuso sexual infantil. Según explicó Mahiques, la intención es dar una respuesta más efectiva a conductas que generan fuerte impacto social.

En paralelo, el Ministerio de Justicia buscará avanzar junto al Congreso en la armonización de sanciones, en un intento por ordenar un sistema penal que hoy presenta superposiciones y diferencias en la aplicación de penas.

Cuestionamientos y debate sobre la reforma

La iniciativa no tardó en generar críticas. Especialistas en derecho penal advirtieron que varias de las figuras mencionadas ya están contempladas en la normativa vigente, aunque bajo otras denominaciones, lo que abre el debate sobre si se trata de una verdadera reforma o de una reorganización del sistema actual.

Desde el oficialismo, sin embargo, defienden el proyecto como parte de una agenda que busca poner el foco en las víctimas y actualizar el Código frente a nuevas dinámicas del delito.

En ese cruce aparece una tensión conocida, pero siempre vigente: la necesidad de reforzar herramientas frente a la inseguridad sin desdibujar las garantías constitucionales. Un equilibrio que, una vez más, vuelve a ponerse a prueba antes de que el debate llegue al Congreso.