ste miércoles 11 de febrero quedará marcado en el calendario de la conflictiva relación entre el Gobierno de Javier Milei y el movimiento obrero: mientras el Senado de la Nación debate la reforma laboral oficialista, una masiva movilización sindical y un cese de actividades de decenas de gremios ponen bajo presión el desarrollo de la jornada y afectan servicios públicos clave.
Las centrales sindicales convocantes, encabezadas por la CGT y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), instituyeron el paro nacional de 24 horas como parte de una jornada de lucha que se espera contundente y de gran convocatoria, con epicentro en la Plaza de los Dos Congresos de la Ciudad de Buenos Aires desde las primeras horas de la tarde.
Según los gremios estatales, la adhesión a la huelga es altísima y se traduce en servicios públicos esenciales afectados desde la madrugada, con guardias mínimas en hospitales y atención de urgencias en centros asistenciales, mientras que la Administración Pública Nacional quedará paralizada y trámites y gestiones oficiales quedarán postergados.
Entre los sectores con impacto directo se cuentan:
- Salud pública: sólo atención de urgencias en hospitales y centros para grupos vulnerables.
- Recolección de residuos: servicio reducido que puede afectar la higiene urbana.
- Trámites estatales (ANSES, PAMI, Migraciones): atención restringida a casos de emergencia.
- Controles sanitarios en puertos y aduanas (Senasa): operativos limitados.
- Agentes de tránsito y Guardia Urbana: actividad parcial.
- Medios públicos: radiooperadores y técnicos adheridos a la medida de fuerza.
La protesta también incide en el transporte público y aéreo, aunque con una complejidad particular: la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunció un cese de tareas desde las 13 horas, con interrupciones en trenes y subtes que facilitarán la movilización a la Ciudad de Buenos Aires. Por la noche, los subtes y el Premetro dejarán de funcionar desde alrededor de las 21 horas hasta el cierre del servicio como parte de la adhesión de los Metrodelegados.
En el caso de los colectivos, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se sumó a la movilización sin un paro formal en el AMBA, por lo que la circulación debería mantenerse con normalidad en gran parte de la jornada. No obstante, hay retenciones de tareas por falta de pago de salarios en varias líneas del conurbano, lo que complica la prestación de servicios en sectores puntuales.
El sector aéreo también tendrá sobresaltos: pilotos anunciaron medidas de fuerza entre las 15 y las 18 horas en Ezeiza y Aeroparque, lo que puede traducirse en demoras o cancelaciones de vuelos durante ese lapso.
Esta jornada de protesta no es aislada: llega en un momento de altísima tensión social y política, con sindicatos, organizaciones docentes y grupos industriales alineados en diversas formas de resistencia contra un proyecto de reforma laboral que sindicalistas definieron como “precarizador de derechos”. Su magnitud queda expresada en la cantidad de puntos de concentración previstos en la Ciudad y en la amplia gama de sectores que han decidido afectar servicios y salir a las calles para frenar una reforma que consideran regresiva y contraria a décadas de conquistas laborales.
¿Logrará esta movilización modificar el rumbo del debate legislativo? Esa pregunta circula con fuerza entre trabajadores, organizaciones sociales y analistas políticos mientras se desarrolla una de las jornadas más intensas de conflicto sindical de los últimos años.
