El nuevo esquema incluido en el proyecto oficial propone desviar aportes previsionales hacia un fondo privado para financiar indemnizaciones, con fuertes críticas por su efecto fiscal y financiero.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno incorpora un mecanismo central que genera controversia: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). La iniciativa propone canalizar aportes que hoy integran el sistema previsional hacia un fondo privado, administrado por actores del mercado de capitales, con el objetivo declarado de financiar indemnizaciones por despido y subsidiar de manera indirecta a los empleadores.

Según el proyecto, las empresas aportarían hasta un 3% de las remuneraciones de sus trabajadores. Ese porcentaje se descontaría de contribuciones que actualmente se destinan a la ANSeS, al PAMI y a las asignaciones familiares. Distintas estimaciones privadas advierten que esta modificación podría implicar una pérdida cercana a medio punto del PBI en los recursos del sistema jubilatorio, lo que alimenta críticas por su impacto en la “caja de los jubilados”.

Más allá del origen de los fondos, el foco de los cuestionamientos está puesto en su destino. El Gobierno prevé que los recursos del FAL sean administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que podrán invertirlos en diversos activos financieros. Entre los posibles administradores aparecen bancos, aseguradoras, sociedades de bolsa, administradoras de Fondos Comunes de Inversión, fintech y billeteras virtuales.

En la práctica, se trata de un esquema que permitiría que fondos de origen público ingresen al circuito financiero privado. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que la reforma laboral apunta a “recomponer el mercado de capitales” y estimó que el FAL podría aportar unos 4.000 millones de dólares anuales al sistema financiero.

El antecedente inmediato es el Fondo de Cese Laboral aprobado en la Ley Bases, que terminó siendo rechazado en los hechos tanto por empresas como por sindicatos. Pese a ello, el Ejecutivo insiste con un modelo similar, aunque con ajustes. Desde el oficialismo aseguran que se trata de un fondo de contingencia para cubrir indemnizaciones, con inversiones reguladas y patrimonios separados.

Mientras continúan las negociaciones políticas y persisten dudas entre gobernadores y legisladores sobre el destino del 3% de las contribuciones, el Gobierno acelera el tratamiento de la reforma laboral para aprobarla en febrero. En paralelo, la CNV deberá definir las condiciones de funcionamiento del FAL y las entidades habilitadas, en un esquema que reaviva comparaciones con el modelo chileno de AFP, ampliamente cuestionado por su impacto social y las elevadas comisiones.