Tras dos semanas de persecución en el Atlántico Norte, fuerzas estadounidenses interceptaron al buque Bella 1, acusado de integrar una “flota fantasma” que transportaba crudo para Venezuela. Rusia denunció una violación al derecho marítimo y calificó el operativo como un acto de piratería internacional.
El escenario geopolítico internacional sumó un nuevo capítulo de alta tensión luego de que Estados Unidos interceptara e incautara un buque petrolero de origen ruso en el Atlántico Norte, tras una persecución que se extendió durante dos semanas y que incluyó el despliegue de un submarino enviado por Moscú para custodiar la nave. El episodio reavivó el cruce diplomático entre ambas potencias y volvió a poner en discusión la legalidad de los operativos navales en aguas internacionales.
El Comando Europeo del ejército estadounidense informó que la incautación se realizó en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal, luego de un seguimiento sostenido por la Guardia Costera a bordo del USCGC Munro. Según Washington, el petrolero integraba una red de embarcaciones sancionadas por operar al margen de las restricciones impuestas al comercio de crudo venezolano e iraní.
De acuerdo con la información oficial, el buque —conocido históricamente como Bella 1— había partido desde Irán con destino a Venezuela y regresó al Atlántico tras intentar esquivar el bloqueo estadounidense en la región. Durante la persecución, la nave modificó su identidad: cambió de nombre a Marinera y reemplazó la bandera de Guyana por la de Rusia, una maniobra que, para las autoridades norteamericanas, buscó eludir controles internacionales.
El operativo no fue un hecho aislado. El gobierno de Donald Trump confirmó que, en paralelo, se produjo la captura de un segundo petrolero en aguas cercanas al Caribe. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que ambos abordajes fueron coordinados y apuntaron contra lo que denominó la “flota fantasma” que abastece a Venezuela pese a las sanciones vigentes.
Desde la Casa Blanca destacaron el accionar de la tripulación del USCGC Munro, que persiguió al Bella 1 en condiciones climáticas adversas y bajo constante vigilancia aérea. Para Washington, estas operaciones buscan cortar fuentes de financiamiento vinculadas al narcoterrorismo y reforzar el control sobre rutas marítimas sensibles.
La reacción de Rusia fue inmediata. El Ministerio de Transporte condenó la incautación y denunció una violación al derecho marítimo internacional, al sostener que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar prohíbe el uso de la fuerza contra buques debidamente registrados en alta mar. Moscú aseguró además que, tras el abordaje, perdió contacto con la embarcación, lo que incrementó la preocupación por la seguridad de la tripulación.
En la misma línea, el legislador Andrei Klishas calificó el accionar estadounidense como un “acto de piratería”, mientras que la empresa BurevestMarin, vinculada al petrolero, afirmó que se trataba de un buque civil sin carga y que su capitán intentó comunicar su estatus antes de la intervención.
Para el Kremlin, el caso del Bella 1 se inscribe en una estrategia más amplia de presión sobre Venezuela y sus aliados, y advierte que sienta un precedente peligroso para la libertad de navegación. En contrapartida, Estados Unidos sostiene que no reconoce el cambio de bandera y considera a la nave como apátrida, un punto clave que refuerza su posición legal y mantiene abierto un nuevo frente de conflicto diplomático.
