La medida llega después de un extenso período de reclamos, asambleas y negociaciones impulsadas por trabajadores que vienen denunciando, desde hace meses, una profunda pérdida del poder adquisitivo y la falta de respuestas concretas del Estado frente a una situación económica que califican como crítica.
El anuncio fue realizado por la dirección del hospital pediátrico, el más importante del país, y se enmarca en un contexto de fuerte tensión laboral. Durante los últimos meses, los gremios y asambleas internas insistieron en que los salarios habían quedado muy por debajo del costo de vida y que la demora en la recomposición salarial representaba, en los hechos, una deuda acumulada del Estado con quienes sostienen la atención de miles de niños y niñas de todo el país.
De acuerdo con el comunicado oficial, los nuevos complementos buscan “recomponer los ingresos de los trabajadores” y reconocer la labor del personal de salud en un contexto inflacionario persistente. Sin embargo, entre los empleados del hospital la percepción general es que esta decisión, aunque necesaria, llega con retraso. Muchos profesionales señalan que las autoridades nacionales actuaron solo después de que el conflicto alcanzara visibilidad pública y que el incremento no responde a un gesto de reconocimiento, sino a la obligación de reparar una situación salarial que ya era insostenible.
¿Qué implican estos montos?
Los valores anunciados representan complementos, más que una reforma total del salario básico. Es decir, el personal asistencial recibirá en adelante un adicional de hasta $ 450.000 mensuales, y el administrativo hasta $ 350.000, como parte de un esfuerzo por “mejorar los ingresos” sin modificar de fondo la estructura salarial.
Estas cifras apuntan a compensar la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, al tiempo que responden al reclamo creciente por parte del sector salud. Sin embargo, la estrategia del Gobierno también incluyó un cambio organizativo: además del aumento, se enfatizó la implementación de mecanismos de control en el hospital —como el presentismo biométrico y auditorías internas— con el fin de dar por cerrado el foco en lo que el Ejecutivo denominó “personal irregular”.
Antes del anuncio, los sueldos de médicos residentes rondaban los $797.000 mensuales, una cifra que fue considerada insuficiente para cubrir la canasta básica estimada para una familia tipo. Esa brecha, que se fue ampliando con los meses, impulsó una serie de medidas de protesta dentro del hospital, entre ellas quite de tareas, manifestaciones y asambleas que contaron con amplio respaldo del personal.
El incremento oficializado ahora representa un alivio parcial para una parte del plantel, aunque no alcanza a todos los sectores. La asamblea de residentes, junto con otros espacios gremiales, advirtió que la medida solo beneficia a determinados grupos del personal, dejando fuera a trabajadores administrativos y técnicos que también habían sido parte de los reclamos. Esa exclusión, según expresaron, mantiene abierta la tensión interna y genera nuevas desigualdades dentro de la institución.
Además del componente económico, el Gobierno acompañó el aumento con una serie de medidas administrativas orientadas a “ordenar” la gestión del hospital, como la implementación del presentismo biométrico y auditorías internas. Desde la cartera sanitaria, se argumentó que estas herramientas buscan optimizar recursos y garantizar transparencia en el funcionamiento del centro pediátrico. Sin embargo, dentro del hospital hubo quienes interpretaron esta decisión como un intento de condicionar los aumentos y desplazar el eje del problema real: la deuda salarial acumulada con el personal.
A pesar de los avances parciales, el clima de satisfacción no es generalizado. Diversas voces dentro del Garrahan remarcaron que la mejora llega tarde y que los trabajadores vienen sosteniendo las tareas esenciales del hospital en condiciones difíciles, muchas veces con jornadas extendidas y recursos limitados. En ese sentido, la recomposición actual es vista más como una respuesta tardía a una obligación pendiente que como una política de incentivo o reconocimiento genuino.
El Hospital Garrahan, referencia nacional e internacional en atención pediátrica de alta complejidad, depende en partes iguales del Gobierno nacional y del de la Ciudad de Buenos Aires. Esa doble dependencia presupuestaria ha sido históricamente motivo de fricciones en la definición de los aumentos y los recursos destinados al personal. Según señalan fuentes gremiales, esta estructura compartida ha contribuido a demorar las decisiones, ya que las negociaciones suelen dilatarse entre distintas instancias administrativas.
Con la oficialización de los nuevos complementos, el Ejecutivo busca cerrar un frente de conflicto que había adquirido alta visibilidad y que ponía en evidencia las dificultades del Estado para responder con celeridad a las demandas del sector salud. Sin embargo, los trabajadores recuerdan que la deuda no se resuelve con un solo decreto y que aún falta avanzar hacia una política salarial que reconozca plenamente el valor del trabajo hospitalario y asegure condiciones dignas y sostenibles.
