Milei promulgó la Emergencia en Discapacidad tras la presión del Congreso, pero suspendió su aplicación por falta de fondos. Diputados denunciaron al Gobierno por incumplimiento de la ley.
El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque su puesta en marcha quedó en suspenso. La norma fue publicada este lunes en el Boletín Oficial a través del Decreto 681/2025, luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial y ratificara la medida con mayoría especial en ambas cámaras.
Si bien el Ejecutivo cumplió con la obligación constitucional de promulgar la ley tras la insistencia parlamentaria, dispuso que su ejecución quede condicionada a la definición de fuentes de financiamiento y a la incorporación de partidas específicas en el Presupuesto Nacional. Según la Casa Rosada, la normativa tiene un alto impacto fiscal que no puede afrontarse con los recursos actuales.
Cómo es la Ley de Discapacidad suspendida por Milei
La legislación aprobada contempla una serie de beneficios aún no aplicables:
- Creación de una Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo, compatible con empleo registrado hasta dos salarios mínimos.
- Garantía de cobertura médica integral mediante el Programa Incluir Salud y la Ley 24.901.
- Compensaciones de emergencia a prestadores por la brecha entre aranceles e inflación.
- Incentivos fiscales: reducción del 50% de contribuciones patronales por tres años a empleadores que contraten personas con discapacidad.
- Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con auditorías inclusivas y objetivos de transparencia.
Argumentos del Gobierno
El texto oficial subraya que el presupuesto vigente “no cuenta con créditos suficientes” para sostener la aplicación inmediata de la ley. Incluso destinando todas las partidas disponibles de los tres poderes del Estado, el monto seguiría siendo insuficiente frente al costo estimado de la reforma. Según el cálculo oficial, los recursos disponibles ascienden a $2,3 billones, pero se necesitaría un incremento del presupuesto general, que solo puede autorizar el Congreso.
Denuncia contra Milei y funcionarios
La situación derivó en una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentada por los diputados de Encuentro Federal, Esteban Paulón y Mónica Fein. Los acusan de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por no aplicar la norma. La presentación también alcanza a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y al director del Boletín Oficial, Walter Rubén González.
