El dictamen, entregado este martes por la mañana, no es vinculante, pero deja al tribunal en condiciones de resolver la solicitud.

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que rechace el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad. El dictamen, entregado este martes por la mañana, no es vinculante, pero deja al tribunal en condiciones de resolver la solicitud.

Según los fiscales, no existen “razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria”. Además, consideraron que “la privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández”.

El planteo de la ex presidenta fue presentado por su abogado, Carlos Beraldi, quien argumentó que la modalidad domiciliaria se justifica por “el contexto de seguridad personal y su rol institucional como exmandataria”. En ese sentido, se destacó como antecedente el intento de magnicidio ocurrido en septiembre de 2022, cuando fue atacada en la puerta de su domicilio en Recoleta.

La defensa también subrayó que, por su condición de ex jefa de Estado y ex vicepresidenta, corresponde un régimen de reclusión especial, alejado de la población carcelaria común. Además, solicitó que no se le imponga el uso de tobillera electrónica, debido a que cuenta con custodia oficial permanente durante las 24 horas.

El lugar propuesto para cumplir con la detención domiciliaria es la vivienda de la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución, donde actualmente reside junto a su hija Florencia Kirchner. Este domicilio fue inspeccionado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que concluyó que “reúne las condiciones necesarias para el cumplimiento del arresto domiciliario”.

El informe técnico contempló la circulación en la zona, la configuración edilicia de las viviendas colindantes y aspectos de seguridad que serán evaluados por el tribunal antes de tomar una decisión definitiva.