Por Horacio Pietragalla Corti
secretario de Derechos Humanos de la Nación.
“Hay que terminar con esta construcción del ‘pibe matable'”, gritó desde las entrañas la mamá de otro pibe asesinado por la policía. El reclamo se escuchó en el Encuentro Federal de Derechos Humanos que compartimos el sábado pasado, con la muerte de Lucas González rebalsando nuevamente la bronca que se acumula cada vez que un pibe es asesinado por la misma policía que debería cuidarlos.
El caso de Lucas tuvo la característica -muy poco común- de haber logrado perforar el silencio mediático que suele acompañar a los casos de “gatillo fácil”. Para los grandes medios, los asesinatos de estos pibes habitualmente no lo son. Siempre se comunican como hechos de inseguridad.
¿Quiénes son esos pibes? Son jóvenes varones de barrios populares, con gorras y zapatillas deportivas, que suelen “hacer esquina” para tomarse algo con amigos. Esta caracterización parece estar muy arraigada entre muchos de los miembros de las fuerzas de seguridad. En su declaración indagatoria, uno de los asesinos de Lucas declaró que todo comenzó porque el auto en el que viajaba junto a sus amigos “les pareció sospechoso”. La sospecha, para algunos policías, parece estar fundada únicamente en el color de piel, en la vestimenta y en el barrio.
Es evidente que, si no cambiamos la formación de las fuerzas de seguridad, y los discursos políticos y sociales que sostienen estas posturas, hay personas que están condenadas a vivir permanentemente bajo sospecha.
Para empezar a dar vuelta esta injusta historia, hace falta la decisión política de todos los espacios que forman parte de la vida democrática, de izquierda a derecha. Porque las policías son conducidas por gobernadores de distintas fuerzas e ideologías, pero debemos establecer un piso común para empezar a construir consensos: el respeto ineludible a los derechos humanos. Y eso implica que no haya más casos de violencia institucional o gatillo fácil.
Esto implica que ninguna autoridad política puede hacer la vista gorda cuando la policía evidencie prácticas sistematizadas de persecución, estigmatización, robo, apremios y muchas veces homicidios.
Para los pibes pobres, la “inseguridad” es ver a un policía y eso no puede pasar en nuestra sociedad. En su momento, le advertimos al entonces vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli sobre prácticas extorsivas y robo de mercadería de policías a vendedores ambulantes senegaleses. Nada pasó. A eso me refiero cuando hablo de decisión política.
A su vez, los jueces y fiscales no pueden seguir juzgando con anteojeras, sin tomar dimensión de lo que sucede habitualmente en esos barrios a los que miran con distancia y desdén. A la Secretaría llegan innumerables denuncias de jóvenes que manifiestan que les pusieron droga, un arma y les armaron una causa. Y muchos fiscales y jueces convalidan acríticamente la actuación policial y el testimonio exclusivo de los policías.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos propiciando un cambio de enfoque y un piso de acuerdo democrático respecto a este tema, a través de la sanción en el Congreso de la Nación de la Ley Integral contra la Violencia Institucional. Se trata de una iniciativa que permitirá generar herramientas de control, sanción, prevención y reparación para abordar esta problemática. Necesitamos que el proyecto se trate en el recinto y que las distintas fuerzas políticas lo discutan y aprueben, para de esta manera enviar una señal clara de que nuestra democracia repudia estos hechos, y que no existe margen para el apañamiento cómplice.
Estamos saliendo a los barrios a hablar con los jóvenes, para empoderarlos con sus derechos, y que sepan que tienen a disposición nuestro Centro de Denuncias cuando la policía los persiga en lugar de cuidarlos. También los acompañamos a través de la asistencia jurídica para que se denuncien los casos, hacemos el seguimiento para que no haya impunidad y, por primera vez, tenemos una agenda de litigio estratégico donde la Secretaría está querellando en algunos casos emblemáticos para lograr condenas ejemplificadoras.
El caso de Lucas tiene que servir para romper con la naturalización de estos casos: la de los “pibes matables”, la del “algo habrán hecho”. Eso, NUNCA MÁS.
