Tras tres años de acusaciones falsas, el Índice de Transparencia elaborado por la propia Agencia de Acceso a la Información Pública coloca a las universidades nacionales por encima de buena parte del Ejecutivo.

Durante tres años, Javier Milei y su Gobierno sostuvieron que las universidades nacionales esconden algo, que no se dejan auditar y que están atravesadas por la corrupción. Fue la coartada perfecta para no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario: si todo es sospechoso, no hay por qué girar los fondos. Hoy, un informe elaborado por el propio Estado nacional se llevó puesto ese relato.
El Índice de Transparencia del Sector Público Nacional del primer semestre de 2026, preparado por la Agencia de Acceso a la Información Pública, relevó 189 organismos con 20 dimensiones de evaluación. La Universidad de Buenos Aires sacó 92,3%. El promedio del sector público nacional fue de 67,7%. Las universidades, esas que según el Gobierno no rinden cuentas, superaron por 24,6 puntos al propio Estado que las acusa.
El libreto, en el piso
Las universidades nacionales no solo aprobaron. Entre 2024 y 2026 su promedio pasó de 37,1 a 74,2 puntos: duplicaron su nivel de transparencia mientras el Gobierno las castigaba con desfinanciamiento y las bombardeaba con sospechas. En la parte alta del ranking aparecen las universidades de Córdoba, Cuyo, La Plata, Quilmes, San Martín, Lanús y del Litoral, junto con la UBA.
La pregunta cae por su propio peso: si las universidades son tan transparentes, ¿en qué se apoyó durante tres años la campaña de desprestigio? Y, sobre todo, ¿con qué argumento se sigue sin cumplir una ley vigente?
La UBA le ganó a la hermana del Presidente
El contraste con el Ejecutivo es todavía más incómodo. La UBA superó a la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei, que sacó 86,6%. Dejó atrás al Ministerio de Justicia (86,7%), al INDEC (85,4%), a la Jefatura de Gabinete (79,6%) y a la Cancillería (73,9%).
Y por debajo del promedio general quedaron las áreas que más debían dar el ejemplo. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la cartera insignia del discurso libertario, tuvo 65,5%. El Banco Central, 62,5%. Vialidad Nacional, 62,2%. Aerolíneas Argentinas, 45,1%. Migraciones, 42,4%. Y YPF, con un escandaloso 24,3%, cerró la tabla.
La excusa ya no corre
Las universidades públicas, a las que se las acusó de opacidad, informan más que la petrolera más grande del país y que el Banco Central. El Gobierno que reclama transparencia a los demás obtuvo, en sus propias áreas, resultados que no pasarían el examen que les tomó a los rectores.
Con este informe, el Gobierno se quedó sin argumento para seguir incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario. No hay desorden que ocultar ni opacidad que invocar: lo dice su propia agencia. Lo que queda es una decisión política de ajustar sobre las universidades, hecha con un relato que ya no se sostiene.