En una nueva muestra de sumisión política y especulación electoral, el expresidente aglutinó a la mesa chica de su espacio para garantizarle al oficialismo la aprobación de la jugada legislativa.

La supuesta oposición dialoguista volvió a desnudarse por completo al confirmarse los términos de un acuerdo que hunde aún más la credibilidad institucional del país. Tras especular hasta el último minuto y estirar una indefinición que solo buscaba cotizar más caro su botín, Mauricio Macri convocó de urgencia a la mesa ejecutiva del PRO, flanqueado por los mandatarios provinciales, diputados y senadores de su fuerza, para dictar una orden terminante: votar a favor de la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que impulsa la administración de Javier Milei.
Lejos de representar una postura republicana o una defensa de los mecanismos de participación ciudadana, la decisión del partido amarillo expone una preocupante y oscura negociación de favores territoriales. Pese a los amagues de rebeldía y las tímidas críticas ensayadas públicamente por algunos legisladores que intentaron jugar a la independencia, el peso de los gobernadores macristas terminó inclinando la balanza en función de sus propios intereses de supervivencia feudal. La necesidad imperiosa de asegurar acuerdos electorales en sus respectivos distritos selló una nueva rendición ante la Casa Rosada, dejando en claro que el PRO actúa como el bastión de salvataje indispensable para sostener los caprichos del poder central.
Lo más alarmante de esta transacción clandestina radica en el absoluto silencio respecto de las contraprestaciones que el expresidente exigió a cambio de levantar las manos en el Senado. Mientras la sociedad argentina sufre las consecuencias de un ajuste impiadoso y la degradación institucional avanza sin frenos, la casta política se reparte el botín electoral en reuniones de cúpula, priorizando negociaciones turbias por sobre las necesidades urgentes de la inmensa mayoría. Con este nuevo cheque en blanco, Macri convalida y se vuelve cómplice directo de un modelo de gobierno que profundiza la crisis y destruye los consensos democráticos básicos.