El envío al Congreso de una alícuota del 15% sobre las ganancias con Cedears desató una rebelión interna, acusaciones de traición tributaria y un papelón legislativo que dejó al descubierto la fragilidad y las internas de un Gobierno a la deriva.
La retórica libertaria sobre la baja de impuestos y el ajuste fiscal volvió a colapsar frente a la cruda realidad del armado oficialista. En un nuevo episodio de improvisación y zozobra política, el Poder Ejecutivo desató una inédita rebelión entre sus propios seguidores al incluir en el proyecto de Ley de Competencia Financiera un tributo del 15% a las ganancias derivadas de la compraventa de Certificados de Depósito Argentinos (Cedears). La medida, que buscaba gravar uno de los instrumentos preferidos por los pequeños ahorristas para protegerse en acciones de Wall Street o firmas locales que cotizan en Nueva York como Apple, Nvidia, Coca-Cola, Vista o YPF, terminó exponiendo la hipocresía fiscal de una gestión acorralada por el desorden interno.
El intento por erradicar la exención impositiva vigente generó un vendaval de duras críticas en las redes sociales y grupos de mensajería que habitualmente militan las decisiones de la Casa Rosada. Referentes digitales del propio ecosistema oficialista como El Oráculo de Trenque Lauquen, Alan Riedmaier, la cuenta Traductor y el usuario Nacho (@nachoFNC) recordaron con indignación la promesa del Presidente de cortarse un brazo antes de subir un tributo, comparando la maniobra con el impuesto a la renta financiera de las gestiones de Mauricio Macri y Sergio Massa, o tildando el hecho como una traición al estilo de Marcos Peña. En las filas del propio Gobierno no dudaron en calificar el episodio como un “Vicentin libertario”, evocando el repliegue histórico de la gestión anterior que marcó el inicio del descrédito presidencial.
Ante la virulencia de las protestas, el aparato político oficialista entró en estado de pánico. Mientras en la Casa Rosada intentaron responsabilizar al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, asegurando que la iniciativa buscaba compensar pedidos de Jorge Macri por deudas de coparticipación con la Ciudad, el asesor presidencial Santiago Caputo intervino en redes con un lacónico “Dame un toque” para intentar calmar la rebelión. La marcha atrás la terminó escenificando el director del BICE, Felipe Núñez, al argumentar insólitamente que la alícuota del 15% provenía de un “borrador viejo” que sería retirado, una excusa recurrente de Economía que fue recibida con abierto escepticismo en la Cámara de Diputados.
A pesar de que economistas como Juancito Nieve defendieron la equiparación tributaria frente a la enorme fuga del ahorro local hacia activos extranjeros —que llevó el volumen de Cedears de 980 millones en septiembre de 2024 a 3.200 millones en 2025 y a un récord de 6.800 millones el pasado septiembre, representando más del 81% de la operatoria—, la prioridad del Ejecutivo fue tapar el escándalo a cualquier costo. Sin embargo, según lo dispuesto por el artículo 125 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el Gobierno no puede retirar el texto del artículo 230 de forma unilateral. Esta torpeza reglamentaria abrió la puerta a una paradoja insólita: mientras el oficialismo intenta despegarse del proyecto, la oposición peronista junta los votos para aprobar la suba del impuesto propuesto y repudiado por el propio Milei.
