En medio de una profundización del ajuste que ahoga a la sociedad, la gestión libertaria destina recursos multimillonarios a la Inteligencia estatal, amplía las facultades de aprehensión de los agentes.

La arbitrariedad del programa libertario sumó un nuevo y alarmante capítulo. Mientras la administración de Javier Milei mantiene congelados los recursos en áreas clave para la población, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) puso en marcha una convocatoria pública de reclutamiento para incorporar agentes al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. Bajo el mando de Cristian Auguadra —funcionario alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo—, la central de espías habilitó un proceso de selección hasta el 30 de noviembre enfocado en perfiles para ciberinteligencia, contrainteligencia y tareas de campo. La iniciativa, justificada oficialmente como una búsqueda de profesionalización y mérito, se concreta tras sucesivas ampliaciones presupuestarias por decreto que refuerzan el perfil autoritario del modelo de gobierno.

El despliegue para fortalecer la estructura de Inteligencia contrasta fuertemente con la austeridad exigida al resto de la sociedad. La central de espionaje ha sido beneficiada por recurrentes Decretos de Necesidad y Urgencia para inflar sus partidas, sorteando incluso el rechazo histórico del Congreso a la asignación arbitraria de 100.000 millones de pesos en fondos reservados durante 2024. Pese a que el Poder Legislativo derogó aquél DNU por tratarse de una caja discrecional y sin control público, el Ejecutivo continuó inyectando miles de millones de pesos mediante decretos posteriores. La justificación de estos gastos opacos frente a la comisión bicameral de fiscalización, apelando a argumentos poco consistentes, solo incrementó las sospechas opositoras sobre la verdadera utilización de los fondos públicos.

A las partidas millonarias y la selección de personal se le añade la sombra de escándalos de gravedad institucional y la ampliación de atribuciones operativas del organismo. La SIDE quedó expuesta tras las investigaciones sobre el operativo que facilitó el paso y la salida del país del dirigente brasileño Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos a pesar de los impedimentos judiciales en su país de origen, maniobra que impulsó requerimientos en el Congreso para evaluar la responsabilidad de Santiago Caputo. Asimismo, la normativa reciente otorgó facultades para que los agentes de la central puedan aprehender personas en situaciones de flagrancia o bajo requerimiento judicial, una medida que desdibuja la línea entre la inteligencia y las fuerzas de seguridad, profundizando el temor a la consolidación de un sistema de vigilancia y persecución política al servicio del Poder Ejecutivo.