La CTERA convocó a un cese de actividades en todo el país para exigir justicia por el crimen de la directora escolar en el departamento de Esquina y denunciar la desprotección laboral en las escuelas rurales.
La comunidad educativa argentina atraviesa momentos de profunda congoja e indignación tras la confirmación de la muerte de Nancy Estela Godoy, de 52 años, quien se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N.º 626 ubicada en el paraje El Malezal, departamento correntino de Esquina. La docente se hallaba desaparecida desde el 7 de octubre pasado y el trágico hallazgo de sus restos derivó en una convocatoria de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) a una Jornada Nacional de Duelo con paro, movilizaciones y radios abiertas en todo el territorio nacional.
El cuerpo de la educadora fue localizado en avanzado estado de descomposición, semisumergido en la zona de un antiguo potrero de geografía compleja, a unos 15 kilómetros del establecimiento rural donde daba clases. En las inmediaciones, la fuerza policial encontró un bolso con los objetos personales de la víctima, tras lo cual los restos fueron trasladados al Instituto Médico Forense con el fin de precisar los mecanismos del deceso. La evolución de las pericias llevó al Ministerio Público Fiscal de Corrientes a recaratular la causa como femicidio, considerando la hipótesis de un ataque sexual como el móvil principal de la agresión.
Avances judiciales y las identidades de las personas detenidas
La instrucción penal cuenta al momento con cinco personas privadas de la libertad por distintas responsabilidades en el hecho. Entre los imputados por el delito de femicidio figura Irineo Zarza, capataz de la estancia contigua El Curupí, a quien se le incautaron ropas quemadas y elementos de prueba en su predio; asimismo, Felipe Sandoval y Nahuel Rojas se encuentran formalmente procesados en calidad de coautores. En tanto, Rosa Leguizamón —pareja de Rojas y quien solía acompañar a la víctima en sus trayectos a caballo— permanece imputada por homicidio simple, mientras que Ezequiel Bordón fue aprehendido bajo la figura de falso testimonio acusado de intentar obstaculizar el accionar judicial.
La investigación sacó a la luz la situación de extrema soledad e indefensión en la que desarrollan su tarea los docentes en parajes alejados del norte del país. Previo a su desaparición, la propia maestra dejó testimonios en formato audiovisual y de audio dirigidos a sus pares, donde describía a la institución como un establecimiento abandonado y revelaba que el director titular percibía sus haberes sin acudir a cumplir funciones, obligándola a ella a realizar periplos de hasta tres horas a caballo atravesando arroyos y campos anegados para sostener el ciclo lectivo. La Justicia mantiene bajo secreto de sumario los nombres del directivo antecedente y de los inspectores del área.
El reclamo de las organizaciones sindicales al Estado
Tanto la CTERA como el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) reclamaron una actuación rápida y transparente de los tribunales para establecer las responsabilidades penales e institucionales correspondientes. A través de un pronunciamiento oficial, la conducción gremial exigió a las autoridades ejecutivas provinciales y nacionales asumir su rol ante la vulnerabilidad y la falta de recursos que afrontaba la docente en el paraje rural.
Las entidades sindicales remarcaron que el Estado posee la obligación ineludible de velar por la integridad de los trabajadores de la enseñanza, proveyendo marcos de seguridad laboral, remuneraciones adecuadas y la infraestructura idónea para el funcionamiento de la educación pública. Con ese reclamo como eje central, las manifestaciones y actos de protesta se extienden en diferentes ciudades del país al grito unánime de justicia por el crimen de Nancy Estela Godoy.
