El organismo internacional congeló los fondos hasta diciembre y exigió condicionalidades extremas, obligando a la gestión de Milei a emitir u$s 1.000 millones adicionales de deuda antes de fin de año.
El relato del éxito financiero libertario ha vuelto a chocar de frente contra la cruda realidad de la subordinación económica. En un escenario de extrema fragilidad cambiaria y creciente incertidumbre, el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo logró cerrar la tercera revisión técnica del programa de 48 meses bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF), pero se retiró de la mesa de negociación sin un solo dólar en la mano. El Fondo Monetario Internacional, bajo la conducción de Kristalina Georgieva, condicionó de manera tajante el envío de u$s 900 millones (600 millones de Derechos Especiales de Giro) a que el Gobierno implemente de forma previa una nueva batería de reformas estructurales y medidas de ajuste, postergando la definición para la reunión del Directorio Ejecutivo a principios de diciembre.
Esta demora deliberada en el calendario del organismo internacional expone una encerrona dramática para las arcas públicas nacionales. El desembolso prometido no llegará a tiempo para cubrir los vencimientos inminentes, obligando a la administración de Javier Milei a desembolsar alrededor de u$s 800 millones en puros intereses a comienzos de noviembre utilizando reservas escasas. Para tapar el bache de financiamiento que deja este condicionamiento, el Ejecutivo se vio obligado a comprometer la emisión de u$s 1.000 millones adicionales en deuda financiera internacional antes de fin de año, sumándose a los u$s 3.200 millones ya movilizados en banca privada bajo esquemas de garantía con acreedores oficiales, en una carrera de endeudamiento que agrava la vulnerabilidad soberana.
Exigencias fiscales inflexibles y el peligro de la flexibilización laboral
Detrás de los elogios de compromiso incluidos en el informe de Washington respecto a la baja inflacionaria y el desempeño fiscal, el FMI trazó una hoja de ruta intransigente que impone mantener sin margen de error un superávit primario del 1,4% del PBI para 2026 y una exigencia idéntica para 2027. Este requisito técnico obliga al Gobierno a profundizar el recorte del gasto público, reestructurar los marcos tributarios y sostener reformas de mercado que castigan el consumo interno. Además, el organismo exige la ratificación del paquete de reformas laborales y de mercado impulsado por la gestión durante este año como condición política innegociable para dar continuidad al programa, supeditando los giros de divisas a la desregulación de las condiciones de trabajo.
El frente monetario tampoco escapa a la tutela técnica del organismo. El documento exige al Banco Central sostener objetivos estrictos sobre los agregados monetarios para forzar la desinflación y la acumulación de reservas internacionales dentro del esquema de bandas cambiarias vigentes. Si bien el informe señala que las reservas netas superaron en u$s 4.000 millones la meta fijada a junio —apoyadas en compras del Central por u$s 16.000 millones en 2026, u$s 5.000 millones captados por la Tesorería y u$s 6.000 millones en operaciones repo refinanciadas—, la dinámica de mercado muestra señales de agotamiento. Tras haber acelerado las compras en octubre con u$s 1.200 millones, el Banco Central volvió a paralizar la adquisición de divisas en las últimas ruedas, desnudando la volatilidad del esquema.
Riesgo país desbocado y la entrega de recursos mediante el RIGI
El mandato de Washington no se detiene en las metas fiscales; impone también que el Estado continúe abriendo vías de financiamiento no tradicionales para sostener el colchón de divisas, incluyendo el ingreso de divisas provenientes del proceso de privatizaciones. Pese a que el FMI reclama la vuelta de la Argentina a los mercados internacionales de crédito, la propia gestión de Caputo convierte esa meta en una utopía: con un riesgo país consolidado por encima de los 750 puntos básicos, el costo del endeudamiento externo resulta prohibitivo. Ante este aislamiento financiero, el Gobierno intenta suplir la falta de liquidez profundizando el mercado de capitales local y rematando infraestructura pública mediante concesiones.
En este marco de cesión de soberanía, el FMI puso especial énfasis en acelerar la ejecución del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuyas iniciativas aprobadas superan los u$s 76.000 millones. Lejos de constituir un programa de desarrollo genuino, el esquema funciona como un enclave de beneficios fiscales y cambiarios a medida de grandes corporaciones transnacionales. La insistencia del organismo por profundizar este modelo extractivo confirma que el supuesto aval técnico a la gestión libertaria no es más que una maniobra para garantizar el cobro de la deuda externa mediante el ajuste perpetuo de la población y la entrega discrecional de los recursos estratégicos del país.
