Cuatro de los cinco gremios del sector paralizan las aulas tras registrarse siete episodios de violencia en apenas una semana, incluido el ataque a una maestra a quien le quebraron una muñeca.
La escalada de episodios violentos en los colegios de la provincia de Buenos Aires derivó en una medida de fuerza contundente que paralizó el dictado de clases en gran parte del territorio. Cuatro de las cinco organizaciones sindicales con representación docente en la jurisdicción bonaerense activaron una huelga para visibilizar una situación insostenible de desprotección dentro de las aulas. La protesta pone en el centro del debate la falta de aplicación efectiva del acuerdo marco celebrado en 2023 entre las autoridades provinciales y los gremios, así como el incumplimiento de la adenda complementaria suscripta este año para blindar a las comunidades educativas frente al maltrato sistemático por parte de adultos.
Siete ataques en siete días y el dramático caso de la docente agredida
El detonante del reclamo colectivo fue una seguidilla alarmante de agresiones contra los equipos pedagógicos: en tan solo siete días se contabilizaron siete ataques en diversas localidades bonaerenses. El cuadro más grave se desencadenó cuando un estudiante se presentó en su escuela con evidentes hematomas y marcas corporales. Frente a la sospecha de maltrato intrafamiliar, el cuerpo docente activó el protocolo correspondiente para radicar la denuncia ante las autoridades de minoridad. Al tomar conocimiento, el padre del alumno irrumpió enfurecido en el establecimiento, interceptó a una de las maestras cuando se encontraba en el interior de su propio vehículo y, tras introducir medio cuerpo por la ventanilla, le fracturó la muñeca mediante un forcejeo violento.
El secretario general de la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (UDOCBA), Alejandro Salcedo, expuso la indignación del sector ante la naturalización de estas conductas en el ámbito escolar. El dirigente remarcó que las herramientas vigentes son claras pero se implementan de manera muy débil, recordando que la actualización acordada en julio obliga a los inspectores jefes distritales a asumir la representación legal del Estado, ponerse al frente de las demandas judiciales y evitar que los educadores queden librados a su suerte frente a la furia de los agresores.
Exigencia de sanciones penales y llamado urgente a los funcionarios provinciales
Desde la conducción sindical apuntaron contra la inacción política y reclamaron una postura unívoca de repudio y protección hacia el cuerpo educativo. El gremio exhortó al gobernador Axel Kicillof, a la conducción de la Dirección General de Cultura y Educación a cargo de Flavia Teriggi, y a los representantes legislativos e intendentes comunales a romper el silencio frente a la frecuencia y gravedad inusitada de estos episodios, advirtiendo que los desacuerdos pedagógicos, disciplinarios o evaluativos bajo ningún concepto pueden canalizarse mediante la agresión física.
El reclamo gremial puso el foco en la impunidad con la que operan los agresores, remarcando que en los últimos años apenas se registró una sola condena penal por hechos de esta índole, radicada en el distrito de Ituzaingó. Salcedo trazó un paralelo con la rápida articulación estatal que logró sofocar las amenazas de bomba registradas en las escuelas tiempo atrás, exigiendo que se replique ese mismo nivel de firmeza y coordinación institucional para garantizar que quien golpee a un docente reciba la máxima pena prevista por la ley. Los sindicatos ratificaron el estado de alerta permanente y advirtieron que profundizarán las medidas de fuerza en caso de que no se garantice la seguridad integral de los trabajadores en cada escuela bonaerense.
