Tras habilitar la venta irrestricta de territorio a magnates extranjeros volteando el amparo de los excombatientes de Malvinas, el máximo tribunal difundió una insólita aclaración pública.
La reacción social y política ante el fallo que reactivó la entrega territorial generó un temblor sin precedentes en el Palacio de Tribunales. Frente a la ola de repudio ciudadano por haber convalidado por vía judicial el artículo 154 del mega DNU 70/2023 de Javier Milei, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que protagonizar un hecho inédito en su historia institucional reciente al emitir un extenso comunicado defensivo para contener el descontento colectivo. En una maniobra de control de daños plagada de justificaciones formales, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz intentaron minimizar las devastadoras consecuencias prácticas de su propia sentencia, alegando que solo resolvieron una cuestión de forma y acusando de promover discursos de odio a quienes denunciaron la desprotección del suelo patrio.
La insólita coartada procesal para eludir la complicidad con el ajuste territorial
El texto difundido por el máximo tribunal recurre a una forzada distinción legal para lavarse las manos sobre el impacto de su resolución, argumentando que únicamente se desestimó la legitimación procesal del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y que ello no implica convalidar el fondo del decreto libertario. Sin embargo, en los hechos, la anulación de la medida cautelar que protegía a la Ley de Tierras dejó automáticamente operativo el mecanismo de extranjerización sin límites que el Gobierno no pudo aprobar en el Congreso. Resulta alarmante que los magistrados pretendan deslindar responsabilidades sugiriendo que la ciudadanía o los grupos afectados inicien demandas individuales, cuando fueron ellos mismos quienes clausuraron la vía de la acción colectiva para la defensa de la soberanía nacional y el agua dulce.
La virulencia con la que la Corte calificó las críticas ciudadanas en las redes sociales expone el nivel de aislamiento y nerviosismo que atraviesa la cúpula judicial. Lejos de brindar certezas republicanas, los supremos ensayaron una suerte de victimización corporativa para desligarse del tablero político, recordando que el DNU ya fue rechazado por el Senado y trasladando la presión final a la Cámara de Diputados. Esta evasiva institucional no logra maquillar lo evidente: la Corte Suprema le concedió a la administración de Javier Milei el oxígeno necesario para consumar un negocio inmobiliario a escala global con corporaciones foráneas, rifando áreas de frontera y humedales mientras el Ejecutivo simula en los discursos una férrea defensa de la soberanía.
Presión en el Congreso y la carrera para frenar el saqueo libertario
El intento de blindaje mediático de los jueces reactivó con urgencia las alarmas en el ámbito legislativo. Ante la advertencia de que la derogación de la Ley 26.737 ya se encuentra operativa por culpa del fallo, los bloques opositores en la Cámara de Diputados comenzaron a tejer acuerdos transversales para convocar a una sesión especial y derogar definitivamente el DNU 70/2023, cerrando el resquicio legal que abrieron los cortesanos. El retroceso discursivo del propio Milei, quien debió archivar su proyecto de privatizaciones rurales tras el rechazo popular y disfrazarse de defensor de Malvinas, quedó en evidencia como una farsa: lo que el oficialismo no se animó a votar de cara a la sociedad, lo ejecutó entre bambalinas aprovechando la indulgencia de la corporación judicial.
El comunicado de los supremos no despeja ninguna duda, sino que confirma la fragilidad institucional de un país donde la entrega del territorio se dirime a espaldas del pueblo. Al reducir la soberanía a una simple discusión de procedimiento y desacreditar la demanda histórica de los veteranos de guerra, la Corte Suprema optó por allanar el camino al proyecto colonial libertario. La sociedad asiste a un escenario límite donde las instituciones encargadas de velar por la Constitución terminan funcionando como un escudo legal para el remate del patrimonio nacional, acelerando la urgencia de una respuesta legislativa y callejera antes de que las tierras estratégicas de la Argentina pasen definitivamente a manos de capitales extranjeros.
