El dirigente ultraliberal que calificó de “estafa” y “veneno” el régimen previsional para quienes no tenían aportes tramitó la compra de 25 años de aportes impagos para acceder al beneficio.
El andamiaje moral e ideológico del oficialismo libertario volvió a desmoronarse frente al mostrador de la gestión pública. José Luis Espert, una de las espadas discursivas más violentas del espacio de Javier Milei en su cruzada contra el gasto social y la asistencia del Estado, protagonizó un bochorno mayúsculo al presentarse en una delegación de la Anses para gestionar su propio retiro previsional a través de una moratoria. Quien durante años construyó su carrera política denigrando a los jubilados sin aportes y catalogándolos como ciudadanos de segunda que saqueaban al fisco, ahora recurre de manera desesperada a la misma herramienta que repudió para rescatar una jubilación que jamás construyó en el sector privado.
Cuatro años de aportes estatales y una vida en la informalidad
El trámite iniciado por el dirigente en la sucursal de San Isidro dejó al descubierto un prontuario laboral insólito para alguien que predica la pulcritud impositiva y el mérito individual. Pese a jactarse de décadas de exitosa actividad profesional y fabulosas consultorías corporativas, el exlegislador apenas cuenta en sus registros con algo más de cuatro años de cargas sociales regulares, las cuales fueron abonadas íntegramente con fondos públicos durante su mandato en la Cámara de Diputados de la Nación. Durante el resto de su extensa trayectoria activa, Espert eludió sistemáticamente los aportes correspondientes al sistema solidario, cayendo en la más llana informalidad contributiva.
Para subsanar el vacío de un cuarto de siglo de evasión previsional, el economista libertario apeló a los beneficios de la Ley 27.705 de Plan de Pago de Deuda Previsional, una normativa sancionada durante la gestión del Frente de Todos que la administración de Milei buscó derogar y desacreditar desde el primer día de mandato. El mecanismo le permitiría comprar los veinticinco años de aportes que adeuda con el objetivo de alcanzar los treinta años requeridos por ley, inflando su liquidación final gracias a las dietas percibidas de las arcas públicas para cobrar un haber estimado en unos 700.000 pesos mensuales.
De predicar la motosierra a pagar nueve millones para entrar al sistema
La gestión en la agencia pública causó desconcierto e indignación entre los propios trabajadores previsionales. Para acceder a la prestación antes del 21 de noviembre, fecha en la que alcanzará la edad jubilatoria de sesenta y cinco años, Espert deberá desembolsar al contado alrededor de nueve millones de pesos para cancelar la totalidad de la deuda previsional que acumuló a lo largo de su vida. La maniobra desnuda una contradicción flagrante no sólo con el dogma que pregona en los medios de comunicación, sino con su ostentoso estándar de vida, reflejado en su suntuosa residencia de Beccar tasada en casi 500.000 dólares, adquirida en tiempos de sus vínculos con el financista Federico “Fred” Machado, hoy encarcelado en los Estados Unidos.
El espectáculo de uno de los máximos adalides del libre mercado mendigando una ventana estatal para asegurarse un haber financiado por la comunidad confirma la descomposición ética del proyecto gobernante. Mientras el ajuste implacable de la Casa Rosada condena a millones de adultos mayores al hambre y congela los haberes mínimos con una crueldad sin límites, los jerarcas del oficialismo no dudan en acogerse en secreto a las políticas distributivas que atacan a diario frente a las cámaras. El caso de Espert no representa una excepción aislada, sino la prueba cabal de un modelo que exige sacrificios salvajes a los sectores vulnerables mientras sus operadores garantizan sus propios privilegios a costa del mismo Estado que juraron destruir.
